Los altos mandos policiales procesados por brutales agresiones durante las protestas de Conga frustran nuevamente el inicio de juicio del caso Elmer Campos

El juez de la Causa accede al pedido de los procesados pese a no haber probado sus argumentos y reprograma la audiencia para dos meses más tarde, el 3 de noviembre

04 de septiembre de 2023

Escrito por Mirtha Vásquez y GRUFIDES

Cajamarca, 04 de setiembre de 2023-Aunque todas las partes y/o sus defensas se encontraban presentes, los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Amador Bacalla Guadalupe y Wagner Enrique Ocampo Huamán, por mediación de sus abogados, han solicitado hoy ante el Juzgado Penal Unipersonal de Celendín la reprogramación de la audiencia por el caso de Elmer Campos y otros agredidos por la PNP durante las protestas de Conga en 2011. Frustran así nuevamente el inicio de un proceso que viene de 12 años atrás y que resulta emblemático. Por primera vez se procesa a los mandos policiales responsables de los contingentes, por omisión en sus funciones, pues habrían permitido que sus subordinados hagan un uso desproporcionado de las armas, no evitando las letales consecuencias de su accionar abusivo.

Para ello, los abogados de los procesados, Ever Hernández y César Barrios, han alegado tanto la ausencia de uno de los investigados, ya que supuestamente estaba cumpliendo servicio en la selva, como la falta de acceso al expediente. Pese a que estos argumentos no fueron acreditados fehacientemente, el Juez de la Causa accedió a reprogramar la audiencia, fijada para el 3 de noviembre.

Para el día de hoy 4 de setiembre, se tenía previsto iniciar el juicio contra los altos mandos policiales de la PNP, Amador Bacalla Guadalupe y Wagner Enrique Ocampo Huamán. Los procesados se encontraban al mando del contingente de DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP) responsable de la represión sucedida en noviembre del 2011 durante una protesta de pobladores de Bambamarca contra el Proyecto minero Conga. Dicha represión desproporcionada y brutal, tuvo como resultado decenas de pobladores heridos, al menos 12 de ellos por proyectil de arma de fuego, causándoles serias lesiones, en muchos casos permanentes. En este sentido, especialmente graves fueron las infringidas a Elmer Campos, un joven que quedó parapléjico producto del accionar sin control de la policía.

En espera de justicia desde hace más de una década

Desde que se abrió en 2011, la investigación ha venido siendo objeto de varias maniobras dilatorias tanto por parte de los procesados, como de la propia empresa Minera Yanacocha. En este sentido, han interpuesto recursos diversos no solo para pedir que varíe la jurisdicción o lugar donde serían juzgados, sino para lograr ser excluidos del proceso. La empresa minera logró este objetivo, luego que, en una decisión cuestionable de la Sala Suprema, consiguió ser excluida de la investigación pese a probarse que la policía que disparó contra la población se encontraba dando servicio privado para la misma, por un convenio celebrado con el Ministerio del Interior (MININTER).

Ante este contexto, es de esperar que los jueces no sigan accediendo a estas maniobras dilatorias de los procesados. La estrategia de estos últimos parece buscar que se archive el caso por prescripción, es decir por el paso del tiempo, tal como lo hicieron notar tanto la Fiscal del caso, Olga Bobadilla, como la defensa de los agraviados, los abogados defensores de Derechos Humanos, Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Pablo Abdo y Mirtha Vásquez de Grufides.

Mientras tanto los agraviados siguen esperando justicia. En el caso de Elmer Campos, el agredido se mantiene postrado en una cama y sometido a constantes operaciones solo para mantener su calidad de vida.