2 de Junio, para no olvidar!! 17 años de la tragedia de Choropampa

GRUFIDES, 2 de Junio del 2016.

Era la mañana del 2 de junio del 2000, cuando un camión de la empresa Ransa, contratista de Minera Yanacocha, derramó 151 Kg. de mercurio a lo largo de la carretera San Juan- Magdalena, siendo el poblado más afectado Choropampa.

El mercurio, un tóxico altamente peligroso, pronto se esparció por todo el poblado y contaminó todo el ambiente; cientos de personas del lugar quedaron expuestas al inminente daño, muchos manipularon el tóxico tras un ofrecimiento de la minera de pagar por cada gramo de mercurio que recogieran. Cefaleas, fiebres altas, insoportables dolores en las articulaciones, erupciones cutáneas fueron los primeros síntomas que daban cuenta de un grave daño en la salud de la gente.

Los primeros días tanto la empresa minera como las autoridades de salud ocultaron el hecho.  Se negaba un evento de contaminación y se hablaba de una epidemia de rubeola; probablemente esto impidió la atención adecuada y oportuna.

Las consecuencias fueron letales, todo el pueblo terminó contaminado.  Los hospitales colapsaron ante la cantidad de enfermos que había que atender, niños mujeres, ancianos, jóvenes, todos gravemente intoxicados.

Días después de sucedido el hecho, la Ministra Cuculiza llegaba a Choropampa y ofrecía publicamente que en poco tiempo todos estaría solucionado, “No se pongan en manos de ningún abogado, porque su mejor abogado es el presidente Fujimori” les dijo textualmente.  Nunca más el Estado peruano se hizo cargo de ellos.

La empresa minera por su parte, aprovechando el momento de la desesperación de la gente, convenció a esta población desesperada, de recibir un dinero por cada  poblador contaminado.  El monto promedio que entregó fue entre 2000 a 4500 soles por el daño permanente que causaron en sus vidas.  Yanacocha se cuidó de hacerles firmar documentos por este dinero recibido (actas de transacción), donde la empresa negaba responsabilidad en el hecho y además comprometía a la gente a no demandarlos, denunciarlos ni interponer ninguna acción legal en adelante. Así dio por cerrado el caso.

17 años después la gente sigue sufriendo los estragos de la contaminación en su salud, varios han muerto con enfermedades inexplicables, muchos sobreviven con las dolencias permanentes; algunos han salido del lugar por sus propios medios para evitar seguir exponiéndose en este ambiente que aún ahora, sigue contaminado.

El Estado nunca se ocupó de la salud de esta población, su precaria posta de salud no tienen asignado ningún medico nombrado, menos aún especialista; nada de medicinas para ellos. Tampoco ningún gobierno ha querido mirar la posibilidad de una reubicación para este poblado. 

La empresa minera nunca fue sancionada por este hecho, apenas le recayó una multa insignificante que además apeló. 

17 años después esa población enferma, abandonada por su propio Estado, maltratada y humillada por la empresa responsable, con algunos juicios aún pendientes de resolución en el Poder Judicial, sigue esperando y clamando por Justicia.