Junta de acreedores de empresa metalúrgica modificó el convenio de liquidación.
Solución temporal. La empresa Profit, administradora concursal de los activos de Doe Run Perú (DRP), no despedirá –por el momento– a los trabajadores del complejo de La Oroya ni de la mina Cobriza. La junta de acreedores de la metalúrgica –con la aprobación del 99.48% de los acreedores asistentes– incluyó ayer una adenda que modifica el convenio de liquidación, que finaliza el 27 de agosto.
Así, Profit continuará ejerciendo la representación legal de DRP hasta que se adopten los acuerdos concursales pertinentes; por tanto, se ampliará la vigencia del contrato de prestación de servicios a la entidad liquidadora y al supervisor hasta la próxima Junta, cuya convocatoria aún no se ha determinado. En esa reunión se decidiría si se ratifica la permanencia del actual administrador o si se propondrá a un nuevo liquidador.
En realidad, con esta modificación se buscaría que el gobierno dicte una medida que permita la ampliación de la subasta del complejo metalúrgico.
¿La culpa la tiene el control ambiental?
Durante la reunión se presentó un informe sobre el proceso de venta del complejo metalúrgico y de Cobriza elaborado por el banco de inversión suizo UBS, contratado para que lleve a cabo la subasta internacional. Según, el documento, los temas ambientales y laborales habrían sido los más cuestionados por los postores.
Aquí no hay que perder de vista la institucionalidad ambiental. Ayer, Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, advirtió que impulsar las inversiones a costa de relajar las exigencias ambientales es una política errónea. Incluso el ministro Manuel Pulgar Vidal ha recordado los millones que tendríamos que pagar a Doe Run si es que se cede en este último aspecto.
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