Audiencia Temática sobre Situación de Riesgo y Criminalización de Defensoras en el 165 Periodo de CIDH en Montevideo

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales

Lunes, 23 de octubre del 2017.

Este próximo martes 24 de octubre 2017, desde las 8.30 hasta las 9.30 am, se realizará la audiencia temática “Situación de riesgo y Criminalización de las Defensoras del Medio Ambiente en Latino América” en el salón B del Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay) durante el 165° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia que se podrá seguir en directo en el canal de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/165/default.asp

Esta audiencia, de suma importancia, revisará los impactos socio-culturales, económicos y ambientales de la inversión extractiva en las mujeres defensoras de derechos socio-ambientales en Latino América, las cuales ven vulnerados sus derechos fundamentales, civiles y políticos, tales como la libertad de expresión, el Derecho a la seguridad y el Derecho a la Vida, por la labor que ejercen.

Se escucharán los testimonios de las defensoras Elvia Dagua, dirigenta de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), de Maritza Emperatriz Bolaños, lideresa rondera de Celendín (Perú) y defensora las lagunas de Conga y de Amalia Cruzado, defensora ambiental de la asociación de Mujeres Defensoras de la Vida y la Pachamama de Cajamarca (Perú). Representando a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, se contará con la exposición de la abogada Mirtha Vásquez, Directora de la ONG peruana Grufides, así mismo, representantes de la asociación peruana Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, plantearan los impactos diferenciados por género de la presencia de industrias extractivas en el territorio.

Las organizaciones peticionadas firmantes de la solicitud son: La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, de la cual la ONG Grufides forma parte; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDHH); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz); Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Flora Tristán - Centro de la Mujer Peruana.

La solicitud recalca las estrategias vulneración de los Derechos Humanos y de violencia de género desplegadas sistemáticamente en los países latinoamericanos por la inversión minera y los riesgos de defenderse del extractivismo en esa región.

Del mismo modo, se apuntan casos específicos de criminalización, entre otros, los casos emblemáticos de las defensoras salvadoreñas tales como Dora Alicia Recinos Sorto, integrante del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), donde ejercía la defensa del medioambiente y del territorio frente a los potenciales impactos del proyectos minero de Pacific Rim. Dora Recinos Sorto fue asesinada el 26 de diciembre de 2009 cuando regresaba de lavar ropa en el río, en Cantón Trinidad, ciudad de Sensuntepeque y Departamento de Cabañas. La violencia psicológica, física y sexual hacía las mujeres índigenas Shuar de la Cordillera del Condor en Ecuador frente a la llegada del proyecto minero Mirador. La criminalización y estigmatización de las defensoras ambientales de la región de Cajamarca, Perú, que denuncian las consecuencias y abusos de la empresa minera Yanacocha.

La solicitud demanda que los Estados garanticen la protección de quienes defienden derechos humanos y la responsabilidad, a partir de la suscripción de compromisos para la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia contra las mujeres, cuya integridad se evidencia en riesgo precisamente por su condición de mujer y su labor de defensa.

Para mayor entendimiento de la problemática, les compartimos extracto de la solicitud:

1. Los riesgos de defenderse del extractivismo en América Latina

La creciente demanda de recursos naturales en Latinoamérica tales como minerales, petróleo y otras materias primas; así como el alto precio de éstas, ha supuesto un incremento de la presencia y actividades de industrias extractivas en el territorio que, al llevarse a cabo sin la adecuada planificación, control y fiscalización, vulnera derechos fundamentales de las comunidades vinculados con la sostenibilidad del ambiente, la equidad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

Las actividades extractivas, además de impactos en el ambiente, vienen generando asimetrías en la población en lo concerniente al uso, distribución y acceso a los recursos naturales y al territorio. (…) Esta situación no hace más que profundizar las brechas de desigualdad estructural ya existentes e, intensificar las formas de violencias contra quienes en este contexto defienden sus derechos fundamentales.

Un claro ejemplo de población vulnerable y expuesta a graves e irreversibles impactos, además de los directos a su integridad personal, son las mujeres defensoras de sus derechos y los de sus comunidades.

Al respecto, cabe mencionar que existen diversos informes y reportes como los de Global Witness, Amnistía Internacional, CIDH, entre otros, que dan cuenta del riesgo inminente y global en el que se ha convertido el ejercer derechos de defensa de la tierra y del ambiente a nivel mundial. En efecto, según Global Witness, en el año 2015 se produjeron 185 asesinatos de líderes ambientales a nivel mundial, de los cuales 122 (66%) ocurrieron en América Latina^[1].

Front Line Defenders reportó el asesinato de 281 personas en 25 países en el año 2016, el 49% trabajaban en la defensa del ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. De dicho total, 143 casos ocurrieron en Colombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Venezuela^[2]; precisamente, en países en las que se ubican las sedes de las organizaciones socias de la Red Latinoamericana de Defensoras. A inicios del presente año 2017, a través de un comunicado de prensa, la CIDH ha expresado:

“En lo que va del año 2017, la CIDH fue informada sobre 14 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos: siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. La CIDH expresa su consternación con el devastador incremento en la violencia contra aquellas personas que se oponen a proyectos extractivos o de desarrollo, o que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas en la región. De acuerdo con información aportada por la sociedad civil, ahora constituyen el 41% de todos los homicidios a personas defensoras en la región ”^[3].

Aproximadamente el 14% de dichos asesinatos corresponde a mujeres defensoras. Pero las estadísticas no son claras ni específicas en relación a estos casos, y así lo fueran, probablemente no visibilizarían ni contabilizarían las diversas agresiones, más allá de los asesinatos, a las que están expuestas. Muestra de ello es que IM-Defensoras^[4] registró en 2014 un total de 762 agresiones a defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Casi el 38% (287) de los casos corresponden a la defensa de tierra, territorios y recursos naturales y los principales tipos de agresión en este contexto son: calumnia, señalamiento, campañas de desprestigio (9%); amenazas, advertencias y ultimátum (16%); e intimidación y hostigamiento psicológico (21%)^[5].

Hay que señalar que el incremento de casos de agresión a defensoras de ambiente y derechos humanos, ha sido notable en países de Colombia, México, Honduras, entre otros de Latinoamérica. Uno de los casos emblemáticos fue el del asesinato de Berta Cáceres, defensora indígena e integrante de la organización COPINH de Honduras, que recibiera el premio Goldman de Medio Ambiente 2015 a propósito de su labor.

A este panorama se suma la omisión de los gobiernos para atender e investigar estos casos y las estrategias de persecución, estigma y criminalización a quienes denuncian y protestan en defensa de sus derechos fundamentales, lo cual favorece a las empresas y vulnera derechos humanos individuales y colectivos como los DESCA y los derechos civiles y políticos.

2. Mujeres defensoras: Impacto diferenciado del extractivismo

Las formas de violencia contra las defensoras suponen violencias específicas, propias del sistema patriarcal en el que se encuentran inmersas nuestras sociedades, que se agravan por la connotación sexual en los actos de discriminación, hostilidad, criminalización, desprestigio y ataques físicos contra las mujeres.

Si bien existen muchos tipos de agresiones invisibilizadas hacia las mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales, enfatizamos en:

• El despojo de tierras comunales producto del extractivismo que deriva en riesgos en la conservación de recursos y en la seguridad alimentaria y económica, ya sea por situaciones de contaminación de suelos o la ausencia de recursos naturales o de fuentes de agua.
• Ante esta situación, las mujeres se ven obligadas a desplazarse hacia otras zonas o ciudades para asegurar la provisión de recursos y alimentos para sus familias, exponiéndose así a la pobreza, la explotación y diversas formas de violencia^[6].
• Asimismo, se pone en riesgo el uso o propiedad de la tierra por parte de las mujeres, con lo difícil que les resulta acceder o decidir sobre la misma (En Perú, el 79% de superficie agrícola la poseen los hombres y solo el 21% las mujeres)^[7].
• Discriminación múltiple que sufren las mujeres por el hecho de serlo y ser, además, indígenas, rurales o por vivir en zonas de resistencia o conflicto social. Esto se da, tanto al interior de las comunidades como en los espacios de relación con instituciones, empresas o el propio Estado. (…) [A]ún persiste una fuerte tradición de representación política masculina que sigue relegando a las mujeres de los espacios de consulta, decisión, organización e incidencia. Atreverse a romper con estos patrones, con frecuencia, pone en riesgo las relaciones conyugales y familiares so pretexto de que la mujer “desatiende obligaciones” y se vuelve “rebelde”.
• Violencia sexual y física que se presenta como un continuum de la violencia de género y que se exacerba en contextos de desarrollo de industrias extractivas. Las mujeres están expuestas a sufrir vejámenes sexuales durante los procesos de represión y detención policial, sufriendo tocamientos, insultos y amenazas de violación. En estos contextos las mujeres son colocadas en situación de mayor vulnerabilidad ante las problemáticas de comercio sexual, trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil que se generan en dichos contextos.
• Estigmatización a través de campañas de difamación contra mujeres defensoras, a base de exacerbar estereotipos femeninos creados por el patriarcado para descalificar a las mujeres^[8]. Estos se propalan a través de la prensa y medios de comunicación y resultan de una maquinación entre las empresas y el propio Estado, en su afán de difamar a lideresas de la lucha ambiental y desmovilizar a sus organizaciones. Vale señalar que el componente sexual es altamente utilizado en estas campañas de desprestigio contra las mujeres que defienden derechos.
• Feminicidios: Las defensoras ambientales vienen enfrentando una serie de peligros que obstaculizan, impiden y desmotivan su labor de defensa del medioambiente y el territorio. El amedrentamiento al que vienen siendo sometidas a través de violaciones y amenazas a su vida y a su integridad física y mental, se extiende a la vida e integridad de sus familiares y colegas.