EMPRESAS Y CORRUPCIÓN

Cajamarca, el martes 05 de diciembre 2017
Redactado por Mirtha Vásquez para Noticias SER

Foto: Víctima: Elmer Campos Alvarez, bambamarquino de 32 años, baleado el 29 de noviembre del 2011 en pleno conflicto Conga. Ha quedado inmovilizado de manera perpetua.

 

 

Todos estos días los peruanos nos mantenemos atentos a las declaraciones de los empresarios brasileros que van dando a conocer no solo su corrupto modus operandi  -en éste y otros países- para lograr obtener concesiones millonarias en obras, sino quiénes estaban o fueron involucrados en esta forma ilícita de operar. Obviamente estos mecanismos de mega corrupción no involucran a cualquier ciudadano, los privilegios ilegales de esta magnitud solo pueden ser concedidos por aquellos que ocupan posiciones estratégicas en un Estado, de ahí que no sea extraño que los propios presidentes de la república o autoridades importantes sean parte de esta vergonzosa trama. Pero nos escandaliza constatar en dónde anida la mega corrupción, o quiénes participan o se han visto envueltos en este ilegal sistema, pero poco hacemos por mirar más allá, visibilizando las consecuencias reales de estos perversos mecanismos, y a las víctimas de esa impresionante trama de corrupción.

Hagamos el ejercicio de pensar en los conflictos más importantes que ha tenido este país en los últimos años, la resistencia a la expansión de empresas mineras, en Cajamarca por ejemplo, que dejó muertos, heridos y procesados. Miremos los conflictos en la Amazonía por la contaminación petrolera (Cuninico, Andoas, etc), recordemos las protestas por el peaje abusivo de Puente Piedra que dejó heridos y detenidos tras una brutal represión, pensemos en las resistencias de los indígenas afectados por las Interoceánicas, que han dejado miles de desplazados y además criminalizados por su oposición, pensemos en las comunidades de las zonas de influencia de las hidroeléctricas del Marañón, donde incluso se han asesinado a líderes que querían conservar su río y su territorio. Acaso todos estos procesos no tienen sintomáticamente como protagonistas a empresas involucradas en temas de corrupción o acusadas de haber ingresado al país vía estos mecanismos ilegales de arreglo y contubernio, dígase, Odebrecht, Newmont, Petroperú, Graña y Montero, entre otras.   Porque esa es la verdadera consecuencia de la corrupción, la que se traduce en víctimas concretas, en desastres reales, en situaciones de riesgo y muerte para mucha gente. 

¿Qué paga la corrupción? No solo el derecho de entregarles a estas empresas proyectos que les darán réditos económicos millonarios, sino también la complicidad del Estado frente a sus abusos, la impunidad frente a los atropellos y a las terribles violaciones de derechos en las que se concretan ¿Cuántas empresas están sancionadas por la corrupción que generan?  ¿O por los daños que causan? ¿O por los efectos perniciosos de los conflictos provocados?

Resulta curioso que con el caso de Odebrecht nos demos cuenta que no tenemos mecanismos para sancionar a empresas que cometen actos de corrupción en este país, pero además nos dimos cuenta que no tenemos mecanismos para proteger a sus víctimas, aquellos que sufren las consecuencias del actuar de estas empresas.

Hoy que se está discutiendo el nuevo Plan de Derechos Humanos para el país, en efecto el Estado presionado por la situación, está aceptando por primera vez introducir un ítem sobre Empresas y Derechos Humanos y desarrollar estándares para regular el comportamiento de las mismas. Las empresas se resisten a ello, insisten en mecanismos de auto regulación como los llamados “Principios Voluntarios” que no es más que una propuesta de auto vigilarse desde la Sociedad Civil exigimos normas concretas para controlarlas, fiscalizarlas y sancionarlas, pues son demasiados los costos que tenemos que soportar por sus acciones deliberadamente abusivas y corruptas que siguen impunes.

El caso de Odebrecht  ha logrado visibilizar que no se trata de un asunto concreto, se trata de todo un sistema corroído por el poder económico, capaz de filtrar todo espacio de este inoperante y débil Estado, capaz de hacerlo funcional por cualquier medio a sus intereses, inmune hasta el momento frente a cualquier violación de derechos, que le está costando la vida al más débil.

Fuente: Noticias SER