Enrique Font de la ONU: “Perú está rezagado en prevención de la tortura”

“Perú y Chile son los dos países que han quedado significativamente desfasados del proceso de implementación de este mecanismo”.

En el 2006, el Estado peruano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con ello se comprometió a promulgar una ley e implementar un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Sin embargo, pese a que el proyecto de ley se aprobó casi por unanimidad en el Congreso, en el 2014, el Ejecutivo observó la autógrafa en febrero de este año y desde ahí sigue estancada.

La semana pasada, una misión de la ONU encabezada por Enrique Font, vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, llegó al Perú para conversar con el Ejecutivo y el Congreso sobre el tema. También lo hizo con Perú21.

¿Cuál es la situación del Perú respecto de los otros países adscritos al Protocolo ya que la ley hasta ahora no se promulga?

Básicamente la situación hoy es que en el Perú esta ley ya debería estar promulgada desde hace casi nueve años. Estamos frente a una situación de incumplimiento de un compromiso que asumió en el 2006 el Estado peruano en el ámbito internacional.

¿Cómo tomó la ONU la observación de la ley hecha por el Poder Ejecutivo en febrero de este año?

Fue una sorpresa y una gran decepción, porque fue un año de trabajo dedicado a que la ley se pudiera promulgar. Hicimos muchas visitas al Perú y hubo mucho diálogo. Todas las partes de ese rompecabezas estaban presentes.

¿Entonces qué sucedió? En la observación se señaló que no se podía promulgar por un tema de presupuesto.

Lo que el Ejecutivo observó es que el Congreso no tiene iniciativa presupuestaria. Sucede que ninguna ley que genere un gasto en el presupuesto puede ser promulgada por el Congreso si no va acompañada de la iniciativa presupuestaria que tiene el Ejecutivo.

¿Y eso pudo arreglarse?

Se decidió designar a la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del Mecanismo de Prevención de la Tortura. La Defensoría dijo que necesitaba un presupuesto para implementar el mecanismo y el año pasado se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía, en el que este acordó transferirle una partida presupuestaria de S/.3 millones.

¿Esa cifra es lo que en promedio se ha asignado en los otros países del Protocolo que ya tienen su ley promulgada?

Es más o menos lo que los mecanismos en América Latina utilizan en un principio. Piensa que es un órgano que debe tener miembros estables dedicados a tiempo completo a esto, cuyo trabajo es pasarse 70% u 80% del tiempo de su jornada adentro de los lugares de detención, produciendo informes, haciendo recomendaciones al Estado, sosteniendo el diálogo, participando en las discusiones de proyectos de ley. Es un trabajo que necesita un equipo y una logística especial que hasta ahora no existe en el Perú, porque la ley no se ha promulgado.

¿Cuáles son las funciones específicas de este organismo?

Este órgano se encarga de visitas periódicas, entrevistas con las personas privadas de libertad en lugares de detención y así establecer la situación de tortura o potencial tortura o maltratos y hacer recomendaciones al Estado para resolverlo. Esto incluye cárceles, dependencias policiales, pero también instituciones psiquiátricas o institutos de menores. Todo lugar donde una persona no puede salir por sus propios medios.

¿Qué implicancia tiene que el Estado peruano no promulgue la ley pronto?

Privaría a la sociedad peruana de tener un mecanismo de protección muy significativo que es muy abarcador, porque previene la violación de derechos humanos de una amplia población. No solo cárceles o comisarías, sino cualquier persona que pueda entrar en contacto con la Policía por un tema menor que puede ser objeto de un maltrato: todo trato cruel, inhumano y degradante, desde un vocabulario incorrecto hasta golpes. Diría que es el instrumento de política pública más sólido, porque solo está dedicado a eso.

¿Y en el ámbito internacional?

Perú es uno de los países que se ha quedado rezagado en la promulgación de este marco legal y, por lo tanto, en la prevención de la tortura. De todo el grupo de países de la región que han ratificado el Protocolo, solo tres no tienen ley. Uno es Perú,los otros dos son Chile y Panamá. En el caso de este último, ya está por promulgar la ley en el Congreso. Así que básicamente Perú y Chile son los dos países que han quedado significativamente desfasados del proceso de implementación, lo que implica realmente un problema porque quedan fuera de una red dedicada a prevenir la tortura.

¿Cuál es la situación del Perú, respecto de la región, en cuanto a registros o denuncias de tortura?

La ONU conoce claramente cuál es la situación del Perú con respecto a la tortura. Tengo entendido que no tienen registros oficiales, pero nosotros elaboramos un informe muy completo en el año 2013 con recomendaciones al Estado peruano, como resultado de las visitas periódicas que hicimos a los lugares de detención. Sucede que nosotros no hemos tenido ninguna respuesta del Estado sobre ese informe y entonces no podemos hacer pública la información que hemos presentado.

AUTOFICHA

“Esta última visita ha sido positiva. Pudimos dialogar con el presidente del Congreso y los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y Constitución, sin embargo, nos hubiera gustado una respuesta más firme del Ejecutivo, que diga que van a promulgar la ley”.

“Desde el 2013 venimos dialogando con las autoridades competentes del Estado para acompañar el proceso hasta la implementación de este mecanismo. También hicimos un trabajo de visitas periódicas a lugares de detención”.

“Los países de América Latina que ya tienen ley promulgada y han implementado el MNP son México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Falta que ratifiquen el Protocolo Colombia y Venezuela. La situación no es mala”.

Por: Diana Hidalgo.

diana.hidalgo@peru21.com