¿Es la oposición a la actividad extractiva la única causa de los conflictos socioambientales?

Publicado por la Defensoría del Pueblo

En el último tiempo se ha venido presentando como causa de los conflictos socioambientales a la oposición al desarrollo de la actividad extractiva, indicándose, además, que sonlos grupos más radicales los que lideran las protestas. Sin embargo, no existe una única causa, sino que, en muchas ocasiones, los conflictos son el resultado de problemas complejos como el temor a la contaminación, relacionamiento, propiedad y posesión de la tierra, accidentes ambientales, pasivos ambientales, inadecuado manejo ambiental, impacto económico social y político, acceso a recursos hídricos, entre otros.

No es difícil entender, por ejemplo, que entre las regiones que registran un mayor número de conflictos socioambientales ─como Áncash, Cajamarca y Puno─, coincidentemente, se han identificado la mayor cantidad de pasivos ambientales mineros, tal como lo reveló la Defensoría del Pueblo en su último informe defensorial.

Tomando en cuenta el Reporte Mensual de Conflictos Sociales que publica la Defensoría del Pueblo, podríamos agrupar todas estas causas en tres grandes grupos. Uno referido al rechazo al inicio de la actividad (26,8%), otro a problemas ambientales y sociales (54,3%) y un tercero al incumplimiento de acuerdos (18,8%).Por ello, si bien existen casos de oposición al inicio dela actividad, también es importante mencionar que no es la única causa, ni que es la más significativa en cifras.

Por cierto, más del 50% del total de conflictos socioambientales se debe a los problemas de relacionamiento, es decir a la forma cómo las empresas y el Estado interactúan con las comunidades en donde se va a desarrollar un proyecto extractivo. Estos problemas pasan por cosas tan elementales como el entender ser buenos vecinos, respetuosos de las costumbres, necesidades y creencias de la población. Por su parte, el incumplimiento de acuerdos es otro grupo que puede incluso generar situaciones de crisis porque si bien en su momento las demandas fueron atendidas, los acuerdos no se cumplieron.

Como podemos apreciar cada uno de estos grupos de conflictos involucran necesariamente como actores a empresa, Estado y población. No son solo los radicales opositores a la actividad, sino que existen otros elementos que involucran responsabilidades del Estado y de las empresas que no deben soslayarse. Cabe preguntarse si en estos sectores corresponde un mea culpa e identificar en qué se viene fallando y en qué se debe mejorar porque lo otro es solo pensar que todo ha sido correcto, que no se ha incurrido en errores y que no existe razón para que los pobladores de las comunidades protesten cuando una actividad extractiva afecta sus derechos.

Por ello, la organización del Estado desde los gobiernos locales y regionales hasta el gobierno nacional debe orientarse mejor para la prevención, debe articularse oportunamente y debe sensibilizarse para fortalecer la institucionalidad para que el ciudadano sienta el respaldo de sus autoridades y funcionarios, para que confíe en el sistema y no solo perciba que, en la mayoría de casos, el Estado prioriza la promoción de inversiones y obvia su rol, también importante, de protector de derechos.

Porfirio Barrenechea Cárdenas

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad