Guatemala: Mujeres indígenas que se oponen a la minería son criminalizadas

Servindi, 6 de agosto, 2015.- Mujeres indígenas de Guatemala que se oponen a la presencia de proyectos mineros en sus comunidades denunciaron la situación de criminalización que afrontan por parte del Gobierno y empresas, así como la discriminación de la que son objeto al interior de sus comunidades.

En el foro público denominado “Mujeres en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio”, realizado en Guatemala, con el apoyo de la organización Oxfam, mujeres víctimas de acoso y persecución judicial relataron parte de su lucha contra las grandes empresas.

Es el caso de Crisanta Pérez, de la comunidad San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, que denunció las violaciones a los derechos humanos de su comunidad cometidos por la transnacional canadiense Goldcorp y su proyecto minero Marlin.

Crisanta es parte del grupo de ocho mujeres de la comunidad que fueron “perseguidas durante cuatro años” y detenidas por oponerse al proyecto que contaminó fuentes de agua y afectó la salud de la población, lo que fue demostrado a través de estudios hechos por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos.

El referido análisis descubrió altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá.

Crisanta Pérez

Sentenciada en Canadá

Otro testimonio de violaciones a derechos humanos fue relatado por Angélica Choc, del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.

Se trata del proyecto minero Fenix, de la empresa rusa Solway Investment Group, que actualmente es operado por su subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Angélica relató que desde que la empresa se hizo cargo del proyecto, en 2011, se han reportado casos de abuso sexual contra mujeres de la comunidad, entre otras agresiones que incluyen la destrucción de propiedades.

Sin embargo, su lucha empezó dos años atrás, cuando su esposo, Adolfo Ich Chamán, fue asesinado, según ella, por personal de la empresa.

En aquellos años, la mina era operada por la transnacional canadiense HudBay Minerals, que cometió una serie de violaciones a los derechos humanos de los comuneros, y por lo cual fue llevada a tribunales canadienses y hallada responsable por la Corte Suprema de Justicia de Toronto.

“Esta lucha que hago no es de ahora, esta lucha la traigo en la sangre y la seguiré haciendo para seguir logrando justicia”, señaló Angélica.

Balas en el cuerpo

Por su parte, Yolanda Oquelí , de San José del Golfo, empezó su activismo desde el año 2010, cuando la comunidad se enteró de los planes mineros del proyecto El Progreso Derivada VII, operado por Exmingua, subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

En marzo de 2012, la comunidad realizó su primer plantón pacífico, haciendo visible la lucha contra la minera con una resistencia que tenía mujeres en el frente, relató.

Sin embargo, Yolanda sufrió un intento de asesinato en junio del mismo año. Fue agredida por desconocidos, quienes le dispararon. El hecho le ha dejado hasta la actualidad dos balas alojadas en el cuerpo.

Días antes del atentado, Oquelí García y otros líderes sociales habían presentado una serie de denuncias ante el Ministerio Público por recibir intimidaciones y amenazas al ejercer su derecho a la resistencia pacífica.

El atentado motivó que la organización Amnistía Internacional se pronunciase y exigiera que se investigue el caso.

Asimismo, la organización demandó al Gobierno de Guatemala que consulte a los pueblos sobre las iniciativas extractivas, como lo disponen el Código Municipal y los instrumentos del derecho internacional.

Pese a la intimidación y agresiones, la resistencia al proyecto sigue vigente, dice la lideresa.

“Hasta el día de hoy, a pesar de tanta represión que ha habido para la resistencia, y gracias a las comunidades y a la gente que hace sus turnos, la resistencia de La Puya sigue en pie”, afirmó.

Yolanda Oquelí

La otra lucha

Yolanda se pronunció también contra el machismo que muchas veces existe dentro de las organizaciones indígenas y campesinas y se hace visible en el marco de las luchas ambientales.

“En esta defensa de la vida duele también cuando no solo tenemos que pelear contra la empresa, no solo tenemos que pelear contra el Gobierno, sino muchas veces también contra los propios compañeros por el machismo”, afirmó.

Consideró que las mujeres defensoras del ambiente sufren mayor impacto en la lucha porque también están pendientes del cuidado de sus hijos y familiares y porque son objeto de críticas cuando están al frente de movimientos y consiguen victorias.

“Es muy difícil la difamación, que tanto las empresas como el gobierno nos hacen, cuando creen que nuestra participación puede ser manipulada, sólo por el hecho de ser mujer”, anotó.