Por Vanessa Romo y Nelly Luna Amancio en Actualidad
La actual ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aceptó que en la gestión de sus antecesores, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, no hubo voluntad política para llevar a cabo consultas previas en los andes. La alta funcionaria también marcó distancia con la practica de contratar consultoras privadas para que identifiquen cuáles son o no las comunidades indígenas que requieren del proceso de consulta previa. En la entrevista también participó Martha Vásquez, abogada de la Dirección General de Minería, que trabajó con los ministros citados. "Si hay responsabilidades, se tendrán que aplicar las sanciones correspondientes", dijo Ortiz a OjoPúblico.
Ministra, ¿cuál ha sido el procedimiento del Ministerio de Energía y Minas para determinar si corresponde o no un proceso de consulta previa en la ejecución de un proyecto minero?
El procedimiento actual para determinar si se necesita o no consulta previa para un proyecto minero es el siguiente: una vez que se recibe la solicitud del proyecto, este se envía al Ministerio de Cultura para que, como es su atribución, pueda identificar a los pueblos indígenas originarios, y de acuerdo a esa información, es que se procedemos a hacer la consulta o no. El ente competente para determinar si un pueblo es o no originario es el Ministerio de Cultura.
Pero no siempre se han hecho estas consultas con el Ministerio de Cultura.
No. Esa es una práctica que se ha establecido desde que yo he ingresado al Ministerio de Energía y Minas [febrero, 2015] y tomé conocimiento de cómo se venía trabajando anteriormente.
¿Cuál era el procedimiento durante las anteriores gestiones?
Interviene Martha Vásquez a pedido de la ministra: El Ministerio de Cultura nos dio información que Cofopri posee sobre territorios comunales y el censo del INEI sobre lengua indígena. Con esto nosotros sacábamos información de carácter referencial sobre las comundidades quechuas, porque el resto de pueblos indígenas (amazónicos) ya estaban en la base de datos oficial. Con esta información se contrataba empresas consultoras para ir al campo. El Ministerio de Cultura sabía que nosotros veníamos haciendo las consultorías con empresas contratadas en casos específicos, pero ellos no nos acompañaban al campo. Después de cada consultoría, íbamos a explicarles los resultados.
No se ha cumplido a cabalidad la norma. Por eso he tomado la decisión de cambiar el estilo de trabajo. Lo primero es la actuación de estas consultoras, para mí no tiene un sustento legal.
¿Y desde cuándo se ha hecho esto? ¿Desde el 2013?
Marha Vásquez: Claro. Antes de esa fecha Cultura nos decía: “Tú encárgate de identificar, tú encárgate de decir si es que ellos son indígenas o no”. Eso fue antes de la gestión de la doctora Patricia Balbuena (viceministra de Interculturalidad). Con la doctora Balbuena sí hemos estado coordinando los expedientes que nos han ido pidiendo, así como las caracterizaciones [proceso para identificar a los pueblos indígenas]. Hace un mes se envió un promedio de ocho caracterizaciones que se habían hecho en el campo, sí hemos estado dándoles la información.
Ministra Ortiz: A ver, yo no creo que nadie esté faltando a la verdad aquí. Lo que ha sucedido es que anteriormente el tema se trabajaba básicamente en este ministerio y luego se trasladaba la información a Cultura, pero no le consultaban. Eso es lo que ha pasado. Lo que hemos hecho ahora es enviar estos expedientes de Cultura para que validen la caracterización que hicieron de las comunidades visitadas. Seamos claros: la ley establece que es el Ministerio de Cultura el que tiene que sacar el listado de pueblos indígenas y en lo que respecta a los quechua aún no lo tienen hecho. Antes, este ministerio hacía esta tarea, realizaba el trabajo de campo y la caracterización de la comunidad; pero cuando yo he ingresado he dicho que a nosotros no nos toca definir a quién le toca hacer consulta o no, eso es función del Ministerio de Cultura.
¿El Ministerio de Cultura nunca les entregó o presentó una lista preliminar de pueblos indígenas quechua?
No. Cultura hasta el momento no tiene una lista de pueblos quechua.
Exfuncionarios de Cultura mencionan que sí hubo reuniones con funcionarios de Energía y Minas para presentarles listas preliminares de la base de datos.
Las listas para que sean listas válidas tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Cultura, como ha ocurrido con las listas de las comunidades de la selva o los aymaras. Cualquier otra cosa no pasa de ser una información totalmente preliminar y sin ningún valor.
¿Por qué no ha habido antes este trabajo conjunto?
Yo le puedo hablar desde el día que asumí el cargo el 17 de febrero de este año; lo anterior que lo respondan los anteriores ministros.
¿Por qué decidió dejar de contratar a las consultoras privadas, como lo hacía la gestión anterior?
Porque simple y llanamente me parece que debía cumplir la ley, yo soy abogada y tengo que cumplir la ley que establece lo que estoy diciendo.
Entonces, antes no se cumplía la ley...
Yo creo que no se ha cumplido a cabalidad la norma como estaba prevista. Por eso he tomado la decisión de cambiar el estilo de trabajo. Lo primero es la actuación de estas consultoras, para mí no tiene una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización no me parece que haya sido la forma de trabajar el tema y es por eso que hemos cambiado a la metodología que le acabo de explicar.
¿Han previsto algún tipo de sanción administrativa si es que el Ministerio de Cultura determina que debió realizarse consulta previa en algunas comunidades?
Definitivamente. Si esto determina responsabilidades, se tendrán que aplicar las sanciones correspondientes. Las sanciones son procesos administrativos dentro del ministerio.
¿Cuántos proyectos se hicieron de esta forma?
Son 15 proyectos desde la emisión del reglamento de consulta previa. Hay que esperar que Cultura diga en cuántos debieron hacerse consulta previa y en cuántos no. Una vez que se sepa esto se deberá implementar medidas correctivas. Con esto estamos manifestando nuestra voluntad de cumplir con la normativa existente de la consulta previa, como se ha hecho con hidrocarburos. Aquí lo que se tiene que hacer es realizar la consulta donde corresponda.
- ¿Por qué dejó de contratar a las consultoras privadas, como lo hacía la gestión anterior?
- Porque debía cumplir la ley.
Lo que preocupa es que a tres años del reglamento de Consulta Previa no haya ninguna consulta previa para proyectos mineros.
Claro, porque es obvio, y no se trata de tapar el sol con un dedo, es que no ha habido voluntad de hacer consulta previa antes. Pero eso ya está modificando, y lo estamos rectificando.
Cultura también cuestiona los métodos que han utilizado algunas empresas mineras para descartar la existencia de comunidades indígenas...
Yo lo que tengo que decir es que desde que llegué al MEM consideré que contratar consultoras no era la forma, y conjuntamente con Cultura hemos determinado cómo debería trabajarse hacia adelante. En este momento lo hecho antes está siendo materia de evaluación. Cuando ellos definan si correspondía o no consulta previa en esos proyectos, nosotros procederemos a tomar las medidas correctivas del caso y aplicar las sanciones correspondientes.
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