Escribe: Sandra Rodríguez 

Publicado por Utero.pe

Ahora que Máxima Acuña ha ganado el Goldman Environmental Prize, el premio a líderes ambientales más importante del mundo, y Joseph Zárate, el premio Ortega y Gassett de Periodismo, por su nota en Etiqueta Negra sobre ella, a los medios peruanos no les ha quedado más que rebotar la noticia. Cuelgan el videíto del premio, la imagen del rostro del periodista, hacen galerías de fotos con los pantallazos de cómo los medios internacionales han cubierto el suceso.

Pero por ahora nadie está preguntado, por ejemplo, si el alambrado que construyó Yanacocha alrededor del predio en disputa donde vive Máxima, continúa o no incólume. Ningún medio se ha preguntado cuándo fue la última vez que el personal de seguridad de Yanacocha y la Policía Nacional ingresaron a hostigar a Máxima, a destruir sus construcciones, su chacra. Ni una palabra sobre la complicidad del Estado ante el acoso que una empresa minera ha venido ejerciendo contra una familia campesina por años. ¿Dónde están las palabras de felicitación del Ministerio del Ambiente para nuestra más recientemente laureada lideresa ambiental? ¿Dónde está la prensa intentando conseguir ese testimonio?

Uno de los problemas de fondo del conflicto socioambiental en el Perú es la “percibida” alianza entre el Estado y las empresas mineras. Percibida entre comillas porque está asentada con legítimo asidero en la realidad. Y quizá su dimensión más peligrosa sea la de seguridad.

En el 2013 se hicieron públicos algunos de los convenios entre la Policía Nacional y varias empresas extractivas. Entre estas empresas están Southern, Xstrata, y Yanacocha, sólo por mencionar unas cuantas. Estos convenios muestran que no es sólo que la empresa contrate de manera individual a miembros de la policía como seguridad, sino que estamos hablando de contratos institucionales. Así, la empresa puede solicitar vigilancia permanente por parte de la policía, llamar a las grandes unidades de la policía o del ejército tan pronto sospechen se iniciarán las protestas, mientras las empresas les proveen de apoyo financiero y logístico masivo. Como resultado, tenemos una policía que termina trabajando como huachimán de las minas, con todos los incentivos perversos para reprimir a los que se oponen a ellas. Una policía privatizada que adivinen a favor de quién va a trabajar.

Ese ha sido el rol jugado por la Policía Nacional en el conflicto de Conga -¿recuerdan el “porque son perros pues conchetumadre”?- y en la relación entre la empresa y la familia de Máxima. Y ese rol ha continuado incluso después que un fallo judicial la declarara inocente del delito de usurpación agravada y prohibiera acciones de desalojo en su contra el 2014. Así que no ha sido sólo la empresa la responsable del hostigamiento, sino también el Estado por intermedio de ésta. Y ambos continuarán haciéndole un flaco favor a la minería realmente moderna y responsable, mientras sigan usando los viejos recursos del autoritarismo, el boicot de la negociación y el menosprecio de su interlocutor.

Y mientras sigamos nosotros sin decir palabra sobre los temas de fondo, poco estaremos haciendo para evitar ver cómo nuestros líderes ambientales, entre ellos Máxima Acuña, terminan corriendo la suerte de Berta Cáceres, valiente hondureña que recibió el año pasado el mismo premio, y a quién asesinaron hace unos meses. Un premio internacional no te vuelve intocable, ya estamos avisados. Y Perú es ya el cuarto país más peligroso del mundo para ser un defensor ambiental según el Global Witness. Esa es nuestra tarea pendiente. Y esa la labor que debería estar cumpliendo la prensa AHORA.

Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe.

Foto vía: Servindi