“Políticas de formalización a la minería ilegal no funcionan en Madre de Dios”

Sostiene José De Echave, luego de presentar el 16º Observatorio de conflictos mineros en el Perú – Reporte Primer Semestre 2015

LIMA

Parte de la complejidad de los conflictos sociales en el país tienen que ver con la minería informal e ilegal, como es el caso de Madre de Dios, región símbolo de la producción ilegal del oro, la cual se está recuperando significativamente, según el 16º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – Reporte Primer Semestre 2015, presentado hoy.

José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos mineros y ex  viceministro de Gestión Ambiental, dijo a INFOREGIÓN que “no hay que olvidar que hoy en día la minería informal ya no solo está ubicada en tres o cuatro zonas en el país, sino está prácticamente en todo el país y forma parte del escenario difícil y complejo, y una de las cosas que estamos subrayando con preocupación en el informe es que nuevamente en regiones como Madre de Dios la producción de oro está aumentando de manera significativa, lo cual quiere decir que las políticas de formalización y las políticas de interdicción no están funcionando como se esperaba”.

En el informe del observatorio se señala que en lo que va del año, Madre de Dios ya viene ocupando el tercer lugar en la producción aurífera del país, con una participación del 9 %. Precisa además, que el resultado de las últimas elecciones regionales llevó al puesto de gobernador en la región a Luis Otzuka Salazar, líder de los mineros informales de la zona.

El documento además muestra otros indicadores que advierten la reactivación de la actividad minera y sus tremendos impactos en esta región, pues no solo se ven los impactos en la Reserva Nacional de Tambopata y su zona de amortiguamiento, sino también en la Reserva Comunal Amarakaeri, donde la comunidades locales denuncian el avance de la minería informal.

PANORAMA ELECTORAL

José de Echave resaltó que el panorama es bastante complejo porque el país tiene autoridades que han sido elegidas y están vinculadas a algunas agendas específicas.

“Tenemos varios alcaldes y autoridades líderes vinculadas a las demandas de las poblaciones frente a proyectos mineros, es un escenario bastante complejo que ha estado influenciado por las elecciones de octubre pero no hay que olvidar que estamos entrando a un escenario electoral distinto de elecciones generales y donde, si uno revisa un poco la casuística y periodos anteriores, lo que uno constata es que en periodos electorales los conflictos tienden a electoralizarse”, afirmó.

Explicó que la agenda y el escenario electoral de contexto es un espacio en el cual los actores vinculados a estos temas buscan canalizar sus expectativas y demandas y al mismo tiempo, tener algún nivel legítimo de participación.

“Vamos a entrar a un periodo muy marcado y muy influenciado por el tema electoral pero viéndolo desde el lado positivo, lo que esperamos es que también haya un debate serio sobre cuáles serían las políticas que el país necesita para hacer minería de otra manera, tomando en cuenta que la expansión de la minería ha provocado una expansión de la conflictividad social (…) la minería es un tema clave para el país, ha sido, es y va a seguir siendo una actividad importante, lo que esperamos es que los que pretenden gobernar el país aborden este tema de la manera más seria posible”, puntualizó.

PORCENTAJES

El 16º Observatorio de conflictos mineros en el Perú reporta, según datos de la Defensoría del Pueblo que se han reportado a la fecha 211 conflictos, de los cuales el 67% son socioambientales y en la gran mayoría están vinculados con la minería. Las principales zonas donde se reportan los conflictos son Apurímac, Ancash, Puno y Cusco.

La presentación del reporte estuvo a cargo de José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos mineros; Ana Leyva, Marlene Castillo y Julia Cuadros de CooperAcción, David Velasco de Fedepaz y Mirtha Vásquez de Grufides quien es abogada de Máxima Chaupe.

También se señalaron aspectos preocupantes ocurridos en el semestre como la aprobación de la “Ley Nº 30327 de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible”, el conflicto por el proyecto minero Tía María y la reducción de las facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).