Presentarán amparo y cuestionarán legalidad de convenios entre Policía, Yanacocha y Glencore

Categoría: Medio ambiente, Minería, Normatividad, Conflictos

Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL, dijo que espera que esto pueda ser resuelto por el Tribunal Constitucional

Publicado por Ideeleradio.- Se presentarán acciones de amparo y se denunciará la inconstitucionalidad de los convenios de seguridad suscritos entre la Policía y las empresas mineras Yanacocha (Cajamarca) y Glencore (Cusco), anunció Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

“En estos momentos se viene trabajando y la próxima semana en Cajamarca, IDL con Grufides estamos preparando una demanda de amparo –posiblemente la presente Máxima Acuña de Chaupe– contra estos convenios”, informó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Igual se va a presentar en Espinar, Oscar Mollohuanca con las comunidades afectadas, y con apoyo legal de Derechos Humanos sin Fronteras, van a presentar demandas de amparo para que los jueces –y ojalá esto llegue al Tribunal Constitucional– puedan revisar la constitucionalidad de estos convenios de seguridad”, señaló.

Un informe jurídico

Ruiz Molleda recordó que se ha elaborado un informe donde se establecen una serie de razones jurídicas por las que deben dejarse sin efectos estos convenios. Denunció que hay algunas normas que le dan una peligrosa cobertura a esos contratos, pero advirtió que estos contravienen la Constitución.

“En realidad estos convenios tienen un respaldo: el Decreto Legislativo 1148 y el Decreto Supremo 04-2009, que establece esto que llaman ‘prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial’. Hay una norma que de manera muy sutil y de manera muy peligrosa le da cobertura normativa a estos contratos”, explicó.

“Estos contratos deben ser discutidos, no tienen fundamento constitucional. La Policía no tiene como función cuidar a las mineras, no puede realizar la Policía actividad empresarial. Con esto se privatiza un servicio público, se está privatizando el orden público”, aseveró.

Lo que dice la Constitución 

Finalmente, el integrante del IDL dijo que les preocupa que haya convenios de seguridad entre empresas mineras y la Policía que desvíen recursos que deben estar orientados a la protección de la ciudadanía, según la propia Carta Magna.

“La Policía, según la Constitución, no ha sido creada para darle seguridad solamente a la empresa privada; el encargo que se le ha dado a la Policía es cuidar la seguridad ciudadana de todos. […] Con esto se está alterando el reparto de competencias que está en la Constitución. Según la Constitución, la actividad empresarial del Estado solo se abre cuando los privados no pueden darla”, puntualizó.

 

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