12° Reporte. Primer Semestre 2013. Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM)

Es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país. Está conformada por la alianza de tres instituciones: CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

12º Reporte. Primer Semestre 2013

Esta edición corresponde al primer semestre del año 2013.

En el presente informe analizamos no solo la situación de las cinco regiones: Piura, Apurímac, Cusco, Junín y Cajamarca, que el Observatorio de Conflictos Mineros viene siguiendo
desde un inicio –julio 2007-, sino también algunas tendencias nacionales y del propio escenario global que tienen una marcada influencia en el país.

¿Los conflictos han bajado en número e intensidad en este primer semestre? Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, mayo de 2013, se han registrado 225 conflictos (hace un año se registraron 245 conflictos), entre activos y latentes, de los cuáles el 62.2% responden a la categoría de socio-ambientales. Además, de este grupo específico, el 72.5% corresponden a casos vinculados a la minería, lo que confirma la predominancia de los problemas vinculados a esta actividad.

Sin embargo, los conflictos siguen evolucionando en las distintas regiones, como lo veremos en el presente informe. Apurímac ha pasado a ocupar el segundo lugar en materia de
conflictividad social en el país, luego de Ancash. Y en el caso de Apurímac predominan largamente los conflictos mineros. Están las movilizaciones de las poblaciones de Andahuaylas y Aymaraes; los reclamos de los mineros artesanales contra el acaparamiento de concesiones por las grandes empresas que se ubican en la región; el pedido de las poblaciones de mayores empleos directos e indirectos en Cotabambas y los procesos de reubicación de algunos pobladores.
Todo indica que ésta y otras regiones vecinas del sur andino pasarán a ocupar un lugar especial en materia de expansión minera y conflictividad social en el país.

En el norte del país, algunos conflictos, que habían estado adormecidos o en compás de espera, comienzan a reactivarse nuevamente en los últimos meses. Es el caso del proyecto minero Rio Blanco que sigue despertando preocupación en las localidades de Ayabaca y Huancabamba, en Piura. Así mismo, está el caso Conga, que ha provocado recientes movilizaciones a las lagunas de los habitantes de Celendín y Bambamarca, en Cajamarca, frente al anuncio del avance del proyecto, la culminación de los reservorios y posibles trasvases de las aguas de la laguna El Perol.

En Junín, el caso de La Oroya sigue presentando nuevos capítulos que abren la posibilidad que la empresa Doe Run nuevamente intervenga en el destino del complejo metalúrgico. Por
otro lado, Chinalco ha anunciado que el proyecto Toromocho ampliará sus inversiones a casi cinco mil millones de dólares y se espera que inicie operaciones el próximo año.