30° Reporte. Primer Semestre 2022. Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM)

Es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país. Está conformada por la alianza de tres instituciones: CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

30º Reporte. Primer Semestre 2022

Esta edición corresponde al primer semestre del año 2022.

En estos tiempos de aumento de estallidos sociales en diferentes partes del país, se sigue intentando instalar la idea que nunca hemos estado en una situación tan complicada. Como si por primera vez estuviésemos viviendo en el país un clima de paros y protestas, sin que nuestras autoridades muestren capacidad de reacción.
Si bien no es nuestra intención minimizar lo que pasa actualmente en el país y los permanentes desatinos de este gobierno, lo cierto es que ya hemos atravesado por momentos complicados y la sensación que queda es que no hemos tenido la capacidad de sacar lecciones y corregir los problemas que están a la base de la conflictividad social, sobre todo en las zonas de influencia de la minería.

Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta que en la actualidad la conflictividad social está al alza, con alrededor de 209 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos, lo que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y urgente de parte de las autoridades encargadas.
Al lado de la amplia predominancia de los conflictos activos, la matriz de la conflictividad aparece hoy en día más diversa que de costumbre: en los últimos meses, además de los habituales conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en localidades
como las de Huancayo, Cusco y hasta Lima.

Sin embargo, los casos vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la conflictividad social a nivel nacional y está claro que el gobierno viene mostrando serias limitaciones para  abordarlos.