Reporte Conflictos Cajamarca Julio 2012 - Diciembre 2012

RESUMEN

En la región de Cajamarca, el gobierno central ha desplegado un conjunto de estrategias que buscan desarrollar un modelo de desarrollo económico basado en la actividad minera. Dichas estrategias más que construir un consenso colectivo sobre la pertinencia de este sistema de producción (la forma más conveniente de ocupar el territorio y responder a sus impactos) el gobierno ha buscado imponerlo. Las estrategias de imposición a pesar de no haber tenido éxito, como en el caso del proyecto Conga, ha continuado y se ha profundizado e institucionalizado de un modo que en el mediano plazo pueden poner en riesgo el ejercicio de la democracia y de los derechos humanos.

La criminalización de la protesta se complementa con la firma de convenios entre las empresas mineras y las fuerzas armadas - policiales. Estos convenios distorsionan el rol de las fuerzas del orden. Los convenios incluyen privilegios para algunos oficiales y ofrecen asesoría legal a los oficiales que pudieran ser denunciados por posibles violaciones de derechos humanos. Esto resulta relevante porque hasta la fecha las investigaciones del asesinato de cinco pobladores en Cajamarca durante las protestas contra el proyecto minero Conga no han avanzado. Las heridas mortales fueron causadas por armas de fuego de uso militar.

Se ha incrementado el número de dirigentes denunciados en un esquema de criminalización de la protesta. Algunos han sido denunciados por “daño sicológico a la empresa minera”. La estrategia de criminalización resulta evidente cuando se usa el mismo esquema en otra situación de conflicto comunidad – empresa como el caso Awuajún, que se detalla a continuación.

El ingreso inconsulto de personal de INGEMET al territorio indígena conduce a la retención de los profesionales y sus guías por pobladores Awuajún de la comunidad de Supayacu. Las personas retenidas fueron liberadas luego de verificarse su identidad, sin embargo líderes Awuajún fueron denunciados por secuestro. Las denuncias incrementan el clima de desconfianza y tensión ocasionada por las actividades de la Empresa Aguila Dorada que realiza sus actividades en territorio Awuajún sin que la población afectada haya dado su consentimiento. La municipalidad de San Ignacio ha denunciado que la empresa tramitó sus permisos usando documentos fraguados. La Empresa Minera cuenta con el respaldo de algunas familias de la zona (comunidad de Naranjos) con quienes tiene firmado un convenio. Los dirigentes de Supayacu han recibido amenazas de muerte. El componente ambiental de proyecto fue aprobado “automáticamente” por el Ministerio de Energía y Minas mediante su sistema en línea.

La criminalización de la protesta es entendida en este contexto como el uso arbitrario del derecho penal para desalentar y restringir las actividades de promoción de los derechos humanos y la defensa del ambiente. En esta aproximación se incluye la aplicación de estados de emergencia y las 35 denuncias penales contra más de 300 líderes comunitarios interpuestas por el Estado a través de la Fiscalía, del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además de la decisión de transferir los procesos judiciales a otros distritos judiciales, en el Caso de Cajamarca los procesos se siguen en la ciudad de Chiclayo^[1].

La imposición de los proyectos no sólo afecta los derechos colectivos sino también a familias e individuos como en el caso de la Familia Chaupe. Quienes a pesar de haber sido desalojados violentamente por la policía de sus tierras (que se encuentra dentro del límite del proyecto minero Conga). Ahora enfrentan denuncias por haber agredido a los policías que participaron en el operativo de desalojo. El poder judicial en primera instancia ha fallado en contra de la familia Chaupe en el proceso que inicio en defensa de su derecho de propiedad. El caso de la familia Chaupe no es el único en que el proyecto Conga adquirió los derechos de propiedad de modo fraudulento.

Estas estrategias de imposición de proyectos mineros y de violaciones de derechos humanos han sido rechazadas por diversos actores a nivel internacional. Entre ellos el Tribunal Latinoamericano del Agua en su sentencia del 9 de Noviembre en la que exhorta al estado peruano a la suspensión del proyecto minero Conga. Human Rights Watch también ha mostrado su preocupación por el uso de fuerza letal de la policía contra la población civil.

Aunque el proyecto Conga se encuentra formalmente suspendido desde el 21 de Agosto la empresa Yanacocha y sus contratistas continúan construyendo obras de infraestructura relacionada con el proyecto. Los reservorios en construcción se ajustan a la versión original del proyecto sin ninguna variación, no han incluido ninguna de las sugerencias de los peritos, ni las directivas del presidente Humala. La población local considera que en la práctica el proyecto minero no se ha suspendido por lo que continúan realizando acciones de protesta que incluyeron la presentación de quejas frente a los accionistas de Newmont y la visita de dirigentes a diferentes ciudades del país.

Las encuestas publicadas el 22 de Agosto por Ipsos-Apoyo, muestran que un sector importante de la población de Cajamarca reportó que el 78% de los cajamarquinos se opone al desarrollo del proyecto Conga y sólo un 15% aprueba su viabilidad incluso en las zonas rurales la oposición llega al 83%.

El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) multó a la empresa Minera Yanacocha SRL ascendente a 127,75 UIT por el incumplimiento de compromisos establecidos en el EIA del Proyecto de Exploración Conga.