Los indignantes sucesos ocurridos en Bagua en Junio de 2009 han marcado profundamente a la colectividad nacional, colocando en el debate temas de gran profundidad. Las manifestaciones no han pretendido romper con el sistema democrático, mas bién plantean un abierto cuestionamiento a los instrumentos legislativos que pretendían consolidar un modelo de desarrollo y una forma excluyente de acción política. Los lamentables sucesos habren así la posibilidad de un debate nacional sobre la forma en que se hace uso de los recursos naturales, se discuten los beneficios y se sufren los impactos del modelo económico vigente. Por otro lado se afirma la necesidad de analizar los conflictos no solo desde los intereses de los colectivos o individuos sino también desde los supuestos culturales que subyacen las acciones de las poblaciones y actores involucrados.
El sustento vital de algunos grupos humanos está asociado a su permanencia y continuidad en un espacio geográfico determinado, producto de una historia concreta impregnada en la memoria y la imaginación tanto a nivel individual como colectivo. La lucha por la continuidad encuentra expresión en diversos modos de relación y coexistencia entre los hombres, así como entre los hombres y el ambiente. La coexistencia se expresa en sistemas de valoración y significado diversos. Lo que “tiene valor”, lo “que importa”, lo “que es justo” la “valoración del riesgo” es diferente en cada caso, marcando profundamente no sólo las actividades cotidianas sino también la forma de establecer relaciones sociales y políticas.
Existen diferentes aproximaciones para comprender las formas de coexistencia desarrolladas por grupos sometidos históricamente a discriminación y a relaciones asimétricas de poder, como los mecanismos de reciprocidad asimétrica que son formas de legitimación social de la riqueza similares a las formas de “reciprocidad” que usaba el hacendado o terrateniente, cuando convertido en padrino de la fiesta, hacía un regalo a los campesinos andinos, una res para la comida, el licor para la fiesta o el arreglo del techo de la iglesia.
Esta lógica no está del todo ausente en la actualidad cuando las empresas mineras buscan también legitimar su control sobre los recursos ofreciendo hacer “grandes obras” para la comunidad que más de una vez se han concretado en el arreglo de infraestructura o la construcción de plazas de toros (que se usan durante las fiestas). En este contexto los “regalos” se constituyen no sólo en una forma de desmovilización social sino en una manera de perpetuar la inequidad y las asimetrías bajo el contemporáneo nombre de responsabilidad social empresarial.
Así es posible comprender como algunas comunidades han dado inicialmente facilidades a las empresas para realizar sus actividades hasta que la empresa incumple algunas de las “ofertas” que sus funcionarios o voceros han hecho. En el caso de Yanacocha las protestas en Combayo que condujeron a la muerte de Isidro Llanos en Agosto de 2006 en parte pueden entenderse en este esquema, también los recientes reclamos de las comunidades de Alumbre, Chanta Alta, San Antonio de Pachachaca, Corralpampa, Nuevo Triunfo y Quengorío.
Otro esquema de coexistencia se puede encontrar en las Rondas Campesinas y organizaciones similares. La Ronda Campesina es en esencia una forma de organización social que defiende la propiedad privada de manera colectiva en un ámbito geográfico determinado. Aunque hay otros factores que explican su origen, un factor importante tiene que ver con la ausencia o ineficacia de la policía y las entidades encargadas de la administración de justicia en las zonas rurales. Las primeras rondas campesinas del Perú fueron organizadas en Cajamarca jugando un importante rol para detener el avance de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. Las rondas que establecen mecanismos para “hacer” la justicia en sus ámbitos de influencia, principalmente en casos de robo de ganado, se han visto en los últimos años en la necesidad de encarar múltiples denuncias de pobladores que involucran a las empresas mineras.
En el tema ambiental por ejemplo es notable que en Cajamarca la primera queja presentada a la oficina del ombudsman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial fue presentada por la Federación de Rondas Campesinas Femeninas de Cajamarca para abordar quejas relacionadas con Minera Yanacocha[2]. Las rondas y sus líderes se ha convertido muchas veces en voceros de la problemática socio ambiental. Igual que en el caso de los ladrones de ganado el estado se muestra ausente, incapaz de resolver los problemas o es percibido como parcializado en contra de los campesinos cuando interviene en problemas relacionados con las empresas mineras.
El 21 de Setiembre once líderes del Valle de Condebamba, varios de ellos relacionados a las rondas campesinas son sentenciados a cuatro años de prisión (suspendida) y a pagar una reparación civil solidaria por el delito de “entorpecimiento de los servicios públicos” acusados de haber provocado la toma temporal de una carretera a mediados de 2006 (hace 03 años). La manifestación tenía por finalidad protestar por la forma en que la empresa Vale (Miski Mayo) realizaba labores de exploración. Dicha empresa había contratado delincuentes que junto con funcionarios perpetraban actos de amedrentamiento y amenaza a líderes y pobladores de la zona del proyecto. La sentencia es percibida como un acto de criminalización la protesta social y que busca “neutralizar” a los dirigentes que están a favor de la defensa ambiental.
Las rondas junto con otras organizaciones de base también juegan roles relevantes en casos de impactos ambientales como los producidos por las detonaciones de la Minera Gold Fields que han afectado viviendas en la ciudad de Hualgayoc. También en temas de compra venta de tierras como en el caso de las movilizaciones contra la empresa Lumina Cooper (de capital Chino) que han conducido a la paralización de las actividades de la empresa.
En muchas otras sociedades, los pobladores delegan la función de vigilancia ambiental al estado, esperando que este asegure la calidad del ambiente velando así por la salud de la población. Esta función esta lejos de ser cumplida en el Perú donde al contrario hay una tendencia marcada del estado reducir sus propias capacidades de vigilancia y control ambiental. El caso de Choropampa es además una muestra de la incapacidad del estado – a niveles nacional, regional y local – de asegurar la salud de la población y de responder desde la gestión pública a problemas de salud causados por el derrame de mercurio responsabilidad de Minera Yanacocha.
Peor aun, el Alcalde de la Municipalidad de Cajamarca aceptó un “acuerdo resolutivo” en el caso de Arbitraje Extrajudicial seguido por la Municipalidad contra Newmont en Denver. El acuerdo es ampliamente cuestionado, se acepta el irrisorio[3] monto de tres millones de dólares (40% del cual deberán ser pagado a los abogados) pero el acuerdo incluye clausulas que liberan de responsabilidad a Minera Yanacocha por los daños causados por el derrame de mercurio en 2000 e impide a cualquier otra “unidad gubernamental” del Perú presentar nuevos reclamos sobre el caso.
La lógica de los proyectos extractivos está, por sus características, alejada de las ideas de permanencia y continuidad. Los proyectos mineros tienen inicio y fin. Por lo que sus estrategias de coexistencia tienden a ser de corto plazo, en última instancia, pueden romper los equilibrios existentes para facilitar su efímera existencia sin mayor preocupación por el futuro. Al fin y al cabo la empresa puede iniciar nuevos proyectos en lugares diferentes y con nombres diferentes. Por eso las empresas tienden a usar ampliamente enfoques de seguridad como estrategia de coexistencia, construir “cinturones de seguridad” al rededor de sus operaciones. Cinturones formados por grupos dependientes de la empresa, que generalmente no viven en el mismo lugar de las operaciones, y actúan como aliados locales que defienden de manera indirecta los intereses de la empresa.
El caso de la empresa Consolidada de Hualgayoc S.A. es un ejemplo del último esquema descrito. Consolidada es el nombre de un Joint Venture de las empresas mineras Buenaventura y Gold Fields que bajo este nombre intentan marcar distancia con las acciones que Consolidada pueda realizar y por supuesto sobre cualquier responsabilidad relacionada con sus actividades. En este caso el desenlace es fatal, el 21 de Setiembre dos personas, un joven de 21 y un niño menor de dos años mueren a causa de un enfrentamiento en la zona de exploración. De acuerdo a testimonios, la empresa habría facilitado el transporte de personas ajenas a la zona, incluyendo personas armadas, para manifestarse a favor del proceso de exploración, ademas de haber promovido la realización de un almuerzo en el mismo lugar el día que pobladores de Vista Alegre tenían programada una actividad de protesta. Una cisterna y posteriormente una perforadora de la empresa fueron destruidas.
Por otro lado, durante este período también se presentan quejas de ex trabajadores mineros que denuncian haber sido despedidos luego de haber contraído enfermedades ocupacionales o haber sufrido accidentes. Por ejemplo un grupo de trabajadores de Minera Yanacocha aseguran que la empresa minera no les ha brindado cobertura médica después de haber sufrido accidentes durante el trabajo, como un derrame de elementos tóxicos en 1995 que afectó a varios trabajadores. Los ex trabajadores han presentado sus quejas a varios congresistas.
Finalmente, la noticia divulgada por el Instituto Peruano de Energía nuclear que da cuenta del robo de un equipo usado en las operaciones de Minera Yanacocha que tiene una fuente radiactiva. Pone en tela de juicio los sistemas de seguridad y los protocolos para el uso de sustancias tóxicas de la empresa minera y de sus proveedores. Aunque según versiones difundidas el artefacto fue hallado luego que una llamada telefónica diera cuenta de un lugar en el que fue abandonado, no se han hecho públicas las medida que la empresa y las autoridades tomarán para evitar que este tipo de incidente se repita.
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