El segundo semestre del año ha estado marcado por varios conflictos relacionados principalmente a la expansión de actividades mineras en la región, incluyendo la expectativa por la adjudicación del proyecto Michiquillay, así como a los reclamos por los impactos ya generados a partir de esta actividad tanto a nivel ambiental como en relación a la salud de la población. En la mayoría de provincias donde existen actividades mineras, se mantiene un proceso de resistencia y se anuncian procesos de movilización aún más fuertes.
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