Perú en audiencias ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 8 de abril se realizaron tres audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas con la situación de derechos humanos en el Perú, en las cuales la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) participó. La primera de ellas solicitada por el Estado peruano, era sobre la implementación del Plan Integral de Reparaciones; la segunda sobre la contaminación por metales pesados en Espinar, Cusco; y la tercera por las amenazas, persecuciones y muertes enfrentadas por las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, en particular de sindicalistas, y defensoras y defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.

Sobre la implementación del Plan Integral de Reparaciones, audiencia solicitada por el Estado para exponer el avance en la implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer y el Instituto de Defensa Legal (IDL), valoraron los avances del Estado; sin embargo manifestaron que las deficiencias que aún existen en particular: 1) el registro de personas a reparar económicamente continúa cerrado; 2) el Estado no reconoce aún como criterio a reparara la doble afectación; 3) a la fecha no cumple con su compromiso de elevar el monto de la reparación económica; y 4) no están comprendidas en la implementación del PIR las víctimas de violencia sexual; entre otras deficiencias.

En la segunda audiencia, sobre la contaminación por metales pesados en Espinar, Cusco, se expuso esta terrible situación contra la población. El Instituto de Defensa Legal (IDL) requirió a la CIDH que solicite al Estado peruano que cumpla con: 1) la atención a la salud a las víctimas expuestas a metales pesados y que realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada; 2) asignar el adecuado presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud; 3) que garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial; 4) identificar las fuentes de contaminación, y los puntos de exposición a efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la salud de la población campesina; 5)  dejé de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados; y 6) que  archive la denuncia del Ministerio de Salud ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, médico asesor y abogado de las comunidades campesinas afectadas por la contaminación denunciada.

Sobre los atentados contra la vida de defensores de derechos humanos, la CNDDHH, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú (FTCCP) y el Centro por la Justicia Internacional, informaron ante la CIDH que entre el 2011 y el 2015, los bandos criminales que infiltran el sector de la construcción civil, asesinaron a 15 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú por oponerse a la extorsión de empresarios y trabajadores. Así también del 2014 al 2015, 13 personas pertenecientes a este grupo fueron asesinadas por sicarios, entre ellas el presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, Hitler Ananías Rojas, opositor del megaproyecto hidroeléctrico Chadín II de la empresa brasileña Odebrecht, debido al  impacto ambiental negativo y sin consulta previa, quien fue asesinado el 29 de diciembre del 2015.Todos estos crímenes permanecen impunes.

Esta grave situación viene siendo perpetradadirectamente por agentes no estatales; sin embargo, el Estado peruano no tiene a la fecha una política pública ni programas especializados que cumplan con los estándares internacionales para la protección de la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, al no existir un mecanismo de protección, son las y los defensores quienes tienen que asumir los gastos de protección policial. Por lo que, se le solicitó al Estado peruano que desarrolle un registro efectivo de trabajadores de construcción civil para formalizar el sector y prevenir el registro de organizaciones criminales; que avance en una política pública de reconocimiento de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos; y que se implemente un mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos.

El Estado peruano anunció en esta audiencia la creación de un protocolo aprobado mediante Resolución Vice-Ministerial el pasado 6 de abril, para garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país. Asimismo, invitaron a la Comisión a que fiscalice la implementación del mismo.

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