Máxima Acuña, agricultora de subsistencia de la sierra norte del Perú, exitosamente defendió su derecho a vivir en paz y vivir de su propio terreno, un terreno codiciado por las empresas mineras Newmont y Buenaventura, impidiendo la entrada de la mina de oro y cobre, el Proyecto Conga, a una cuenca importante.
Durante las últimas dos décadas, la industria minera en el Perú ha estado creciendo a un paso veloz. Tras promesas de empleos y prosperidad económica, el gobierno peruano ha dado concesiones mineras a lo largo de todo el país. A pesar de estas promesas, los campesinos rurales, a quienes rara vez se les consultó en el desarrollo de los proyectos mineros, siguen viviendo en la pobreza. En muchas comunidades el residuo minero ha contaminado las vías pluviales, afectando el agua potable y las necesidades de riego de las comunidades locales.
En la sierra norte de Perú, en Cajamarca, donde se ha entregado casi la mitad del terreno en concesiones mineras, la empresa Newmont, de Colorado, EE.UU, junto con la minera peruana, Buenaventura, operan la mina Yanacocha. Es una de las minas de oro y cobre a cielo abierto más grandes del mundo- y en su apogeo una de las más rentables.
Mientras la empresa se agotaba los depósitos de la mina, empezó a buscar otras opciones para aumentar producción. En el 2011, propuso otra mina para extraer un depósito de oro que se acababa de descubrir a unos 16 kilómetros de Yanacocha. El proyecto, denominado Proyecto Conga, requería el trasvaso de cuatro lagunas cercanas—una de ellas, conocida como la Laguna Azul, sería convertida en fosa para el almacenamiento de residuos, amenazando las cabeceras de cinco cuencas y el páramo de Cajamarca, un humedal de altura con mucha diversidad biológica.
En 1994, Máxima Acuña y su esposo compraron un terreno en un rincón apartado de las tierras altas en el norte del Perú conocido como Tragadero Grande. Construyeron una pequeña casa en la propiedad y vivieron una vida pacífica, criando ahí a sus hijos. La familia vivía de las papas y otros cultivos, y además tenían ovejas y vacas para la leche y el queso. A veces, Acuña hacía el largo trayecto al pueblo para vender vegetales, alimentos lácteos y artesanías de lana. Nunca había aprendido a leer y escribir, pero sabía que la tierra era su vida misma.
Un día en el 2011, la empresa minera llegó al hogar de los Acuña y exigió que dejaran su terreno. Cuando Acuña se negó, fue sometida a la brutalidad de la minera. Llegaron fuerzas armadas a destruir su hogar y pertenencias, y la golpearon a ella y a una de sus hijas hasta dejarlas inconscientes.
La persecución continuó. La empresa minera demandó a la familia campesina en una corte de provincia, la cual encontró culpable a la familia de ocupar ilegalmente su propio terreno. Acuña fue condenada a una pena de prisión de casi tres años, la cual fue suspendida, y recibió una multa de casi $2,000—una suma enorme para una agricultora de subsistencia en el Perú.
Acuña pidió la ayuda legal de GRUFIDES, una ONG ambiental en Cajamarca que estaba representando a miembros de la comunidad en casos contra compañías mineras. Con la ayuda de su abogado, Mirtha Vásquez, apeló la decisión de la corte y empezó a reunir documentos como el título de propiedad que comprobaba que ella tenía derecho legítimo al terreno que reclamaba Newmont.
En diciembre del 2014, las cortes emitieron un fallo a su favor. Su condena de prisión fue anulada y la corte detuvo su desalojo. Como resultado de esta victoria legal, se ha impedido el ingreso del Proyecto Conga en Tragadero Grande. Newmont no ha podido seguir adelante con ninguna minería en la región alrededor de la Laguna Azul.
Acuña sigue enfrentándose a las amenazas y al hostigamiento por parte la minera y sus fuerzas de seguridad privada y militarizada. Las compañías mineras han construido un cerco alrededor del terreno de Acuña, restringiendo su capacidad de desplazarse libremente en la región. Han destruido sus cultivos de papa, y mantienen una estrecha vigilancia sobre su propiedad para impedir que ella siembre más.
Mientras tanto, en la Corte Suprema de Perú, se sigue dando la lucha legal, la cual seguramente dará paso a más apelaciones y demandas. A pesar de la trauma y el cansancio, Acuña mantiene un notable optimismo en su lucha continua por la justicia. Se ha vuelto una persona muy conocida a lo largo de América Latina por su valentía inspiradora al enfrentarse a una compañía minera multinacional. El Proyecto Conga no ha avanzado. La comunidad se ha solidarizado con Máxima y su logro ha traído nueva vida a la lucha para defender los páramos de Cajamarca, reservas de agua, y las comunidades de los impactos de la minería de oro de gran escala.
El Premio Ambiental Goldman premia y da reconocimiento a individuos emprendiendo luchas para ganar victorias ambientales contra viento y marea, e inspira a las personas a tomar acciones extraordinarias para proteger los recursos naturales del mundo. El Premio Ambiental Goldman fue creado en 1989 por Richard N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman, ambos filántropos y líderes cívicos.
Los ganadores del Premio Ambiental Goldman son seleccionados por un jurado internacional que elige a los galardonados a partir de nominaciones confidenciales hechas por una red mundial de individuos y organizaciones ambientales. Los ganadores del premio hacen una gira de 10 días en San Francisco y Washington, D.C., participando en una ceremonia de entrega de premios, en conferencias y sesiones informativas de prensa, y en reuniones con líderes políticos y líderes ambientales y de políticas públicas.
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