A las 14 horas de hoy viernes 23 de septiembre, se ha iniciado la fase oral del proceso judicial vinculado al conflicto social que estalló en la provincia cusqueña de Espinar, en mayo de 2012.
Como se recuerda, dirigentes de Espinar y el ex alcalde Óscar Mollohuanca fueron denunciados por varios delitos que van desde disturbios, afectación a la propiedad pública y privada, entorpecimiento a la justicia, entre otros, luego de que se produjera el estallido social.
El conflicto en Espinar se produjo luego que los reiterados reclamos de la población a la empresa y al gobierno por los diversos impactos ambientales y sociales que durante décadas se han reproducido sin que se tomen medidas de mitigación y protección. Las principales exigencias eran la solución inmediata a los problemas de contaminación e indemnización por los daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua afectadas; una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones y el respeto pleno de los derechos humanos de las comunidades.
Luego del inicio del paro el 21 de mayo de 2012, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia y al día siguiente fue detenido el alcalde Mollohuanca y trasladado, en un primer momento a la ciudad de Cusco y luego a Ica. Luego de ser liberado, el proceso contra el ex alcalde Espinar y los dirigentes sociales ha continuado en la ciudad de Ica, al amparo de una cuestionable medida que permitió el cambio de competencias judiciales de Cusco a esa ciudad.
El hecho de que el proceso judicial se realice en Ica, hace aún más difícil que los dirigentes puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Al igual que en Bagua y otros conflictos sociales, luego de transcurridos más de cuatro años, la población de Espinar continúa esperando que las demandas sociales y ambientales sean atendidas por el Estado y la empresa minera.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros Perú
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