Carta Abierta a Newmont Mining

Cajamarca, 8 de Diciembre 2016

SEÑOR:

Gary J. Goldberg

Presidente y CEO de Newmont Mining.

Somos la familia Chaupe Acuña con quien Minera Yanacocha tiene una disputa por el predio “Tragadero Grande” en Cajamarca, Perú. Nos dirigimos a su despacho para plantear lo siguiente:

SOBRE EL INFORME ELABORADO POR RESOLVE A PEDIDO DE NEWMONT.

Sabemos que a finales de Setiembre de este año se publicó un informe independiente encargado por Newmont a la organización llamada Resolve que realizó una Misión a Cajamarca para recoger información sobre nuestro caso y hacer un análisis sobre la información recopilada, entendemos que la Misión es una respuesta de Newmont a las preocupaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra nosotros. Hay varios puntos muy importantes para nosotros en el informe, como los siguientes:

- El informe afirma que “ (…) al subordinar las consideraciones de derechos humanos, Minera Yanacocha no ha considerado de manera activa y sistemática si sus decisiones y acciones ponen en riesgo los derechos civiles y políticos de la familia, incluidas su seguridad física y libertad de movimiento. Asimismo, (…) En ningún punto Minera Yanacocha ha considerado activa y sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales de la familia, tales como aquellos derechos relacionados con los medios de vida y con un nivel de vida adecuado. (p.36)

La falta de atención de la empresa al conjunto completo de derechos humanos universales constituye la base de las denuncias de la familia y de las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos confiables, sobre la vulnerabilidad de la familia, su dignidad y su modo de vida.” (p.48).

- El informe afirma que “(…) La perspectiva del equipo de la Misión es que los derechos humanos de miembros de la familia han estado en riesgo desde el primer intento de desalojo de Tragadero Grande en mayo de 2011. “ (p.39)

- En relación a la forma de actuar de Minera Yanacocha se afirma que “(…) la decisión de considerar y tratar a los Chaupe como invasores ilegales fue tomada por personal clave sin acceso a información crítica (P.41). El equipo de la Misión no observó evidencia acerca de que se hubiera realizado un análisis de causa raíz en alguna etapa del conflicto de Tragadero Grande”. (p.39)

- El informe también afirma que “(…)En opinión del equipo de la Misión, el avance hacia una solución en este caso se ha retrasado por una orientación legalista dominante, la falta de voluntad de reunir información sobre la causa raíz de la situación y una preferencia por el litigio por encima del dialogo. (p.41)

- Es sumamente importante para nosotros que este Informe reconozca la legitimidad de nuestros reclamos, en base a la información documental corroborada. Los investigadores de la Misión fueron testigos de los documentos de Transferencia de Dominio de Posesión, de nuestra calidad de comuneros y posesionarios luego de adquirir el predio, dando fe de que hay pruebas documentales y testimoniales que respaldan esta afirmación.

- No obstante, lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existe evidencias de violación de derechos humanos aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos. La afectación a nuestros derechos se han constatado desde que se inició este conflicto y lo seguimos sufriendo hasta el momento. Destruir periódicamente nuestros bienes incluyendo nuestro alimento, restringir el transito con sus tranqueras, vigilarnos permanentemente, acusarnos públicamente de invasores, al margen de su justificación en la ley, son claras evidencias de la violación de nuestros derechos humanos y el atentado a nuestra dignidad.

- Del informe podemos observar que se ha recomendado volver a encausar la solución de este conflicto por otras vías que privilegien el diálogo.

LOS PEORES INTERLOCUTORES.

Pensamos que producto de los resultados del informe Resolve, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones del informe como hacer una evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa raíz del conflicto de Tragadero Grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo nuestra preocupación. Sin embargo paradójicamente y a la par de que se realizaba el informe de Resolve nuevamente Minera Yanacocha perpetró múltiples actos de agresión contra nuestra familia durante los meses de Setiembre y Octubre bajo la justificación de siempre: defensa posesoria, una clara muestra de la estrategia legalista-violenta que es criticada en el informe.

Lamentamos también que a pesar de este informe que identifica claros errores y responsables, no se sepa de investigaciones o sanciones emprendidas al interno de la empresa por su notoria incapacidad; tampoco se percibe ninguna acción de corrección o aplicación de nuevos enfoques en el manejo del conflicto.

Lo que sí estamos experimentado en los últimos meses es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto y los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos.

Nos resulta sumamente agresivo que funcionarios como el Sr. Raúl Farfan, vocero de la empresa que ha promovido y dirigido los ataques físicos contra nuestra familia y quien hasta el momento nos acusa en los medios de comunicación de ser unos invasores de propiedades, haya llegado hasta nuestro domicilio junto a otros funcionarios como Héctor Zegarra y Carlos Mercado, conocidos por su rol agresivo y confrontacional, y hasta el propio jefe de la compañía de seguridad que tantas veces ha ejecutado los actos de violencia contra nosotros, tratando de insistir de manera intimidante en un proceso de diálogo con nosotros, lo que es un contrasentido. Nos preguntábamos si estos funcionarios en lugar de estar como voceros de la empresa, no deberían estar investigados y sancionados luego de los resultados del informe.

Estos interlocutores no solo repiten acciones de hostigamiento y ofensa contra nosotros como dejar comida tirada en la puerta de nuestra casa o tratar de presionar a miembros de nuestra familia para reunirse con ellos. Sin duda estos funcionarios han sido algunos los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual y hoy continúan empeorando la situación.

¿SOBRE QUE DESEA NEWMONT DIALOGAR?

Por eso escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont, para pedirle que mediante una comunicación clara, precisa y pública nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont quiere dialogar con nuestra familia. Ya que después del informe RESOLVE suponemos Newmont ha comprendido que la dimensión de este conflicto sobrepasa una disputa de tierras, es un tema de dignidad, justicia y derechos humanos.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente

Máxima Acuña de Chaupe

Jaime Chaupe Lozano