10° Reporte. Primer Semestre 2012. Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM)

Es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país. Está conformada por la alianza de tres instituciones: CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

10º Reporte. Primer Semestre 2012

Esta edición corresponde al primer semestre del año 2012.

Los conflictos son cada vez más intensos, polarizan el país. Hace diez años era impensable que un conflicto minero de una zona apartada del país, llegase a las primeras planas de los principales diarios y estuviera presente por más de una semana en casi todos los medios de comunicación generando polémica. Hoy en día no solamente ocurre ello sino que un conflicto como el de Conga o Espinar provocan crisis políticas que se traen abajo a todo un gabinete de ministros o precipitan la salida de un sector de la bancada oficialista del Congreso de la República. Los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura.

Los conflictos también han cambiado, no son los mismos y muestran una evolución. Desde hace un tiempo los conflictos y los actores locales no solamente se limitan a cuestionar un
determinado proyecto minero; también cuestionan las políticas que impulsan una expansión minera sin límites: se critican las políticas de concesiones mineras; los estudios de impacto ambiental; la ausencia de mecanismos de consulta y participación ciudadana; la falta de fiscalización; entre otros aspectos. A partir de la situación específica del conflicto también se plantean propuestas de reformas y políticas públicas alternativas.

¿Cómo se refleja esta situación en cada una de las regiones el trabajo del Observatorio?
Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos de los últimos años. De cómo se resuelva el conflicto en torno al proyecto Conga va a marcar
la pauta respecto a otros conflictos de similares características en otras regiones del país.
Junín es una región en el que un caso como el de la empresa Doe Run Perú ha dejado en evidencia la incapacidad del Estado para fiscalizar y sancionar a una empresa que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de la población.
Apurímac sigue atrayendo importantes inversiones en el sector pero hasta la fecha no se vienen implementado las políticas que preparen a los actores para un nuevo escenario regional
que en el que la actividad minera sea una actividad gravitante.
Piura sigue siendo una zona de resistencia a la implementación del proyecto Rio Blanco por una serie de cuestionamientos legales, ambientales y sociales. En la región existe
una alternativa clara de desarrollo basada en actividades agrícolas sostenibles que la población plantea como una opción frente a la actividad minera.
Cusco ha estado en el ojo de la tormenta debido al estallido del conflicto en Espinar, en el que el tema central no es la implementación de la actividad minera sino las condiciones en
las que la misma debe darse y las exigencias de la población para el desarrollo de los proyectos mineros cumpliendo elevados estándares sociales y ambientales.