VENEZUELA: LA MUERTE DE UN INDÍGENA ELEVA LA TENSIÓN EN EL SUR DEL PAÍS

Cajamarca, el martes 11 de diciembre 2018.
Redactado por: Maolis Castros para El País

El espanto ha regresado a las minas del sur de Venezuela. Charlie Peñaloza Rivas, un indígena de 21 años, ha muerto este sábado por un disparo en el estómago y su hermano, Carlos Peñaloza, y otro hombre están heridos en un hospital tras la incursión de un comando de 14 militares armados a la comunidad Arekuna en Canaima, en el Estado de Bolívar.

Los indígenas, pertenecientes a la etnia Pemón, acusan a agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del asesinato y la agresión contra decenas de personas después de, supuestamente, hacerse pasar por turistas interesados en una excursión al emblemático Salto Ángel para así ingresar en las minas de oro. Los caciques presumen que el grupo foráneo actuó bajo la “anuencia” o “complicidad” de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. “Usaron armas de alta potencia, dos helicópteros gubernamentales pertenecientes a Corpoelec (Corporación Eléctrica) y la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), así como un helicóptero privado presuntamente de la empresa Arameru”, dice un comunicado de líderes pemones.

Canaima es un hervidero tras el ataque. Como represalia por la muerte, los pobladores capturaron a tres de los presuntos responsables, uno de ellos estuvo, al menos, seis horas maniatado e interrogado por decenas de personas. La población enardecida protestó, quemó un campamento de la empresa eléctrica estatal y cerró una pista de aterrizaje, según reporteros locales y un parlamentario.

Carlos Peñaloza, convaleciente en el hospital, ha relatado que los hombres dispararon contra él y su hermano porque se acercaron “confiados” en que no les harían daño. “Después de eso, mis otros paisanos se molestaron y los rebeldes llamaron a un helicóptero y los paisanos obligaron a los rebeldes a bajar del helicóptero con una condición", agrega en una grabación traducida por el partido Causa R. Otro vídeo, difundido por periodistas locales, muestra a militares uniformados en una persecución, donde lanzaron gases lacrimógenos contra los pemones.

Los indígenas heridos fueron trasladados en una avioneta al Hospital Ruíz y Páez, localizado en Ciudad Bolívar y a unos 500 kilómetros de Canaima. Según versiones de sus compañeros, el centro de salud está vigilado por militares. De ahí que teman por su seguridad.

Los caciques ordenaron un boicot a las elecciones de concejales en el municipio Gran Sabana de Bolívar, región donde está Canaima, realizadas este domingo, un paro de actividades en los próximos días y se declararon en luto durante una semana. El Consejo Electoral reprogramó los sufragios en ese sector.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, aseguró que se investiga el incidente. “Estamos esperando los resultados de las investigaciones, por lo pronto la decisión ha sido reprogramar, no han sido suspendidas (las votaciones), y el CNE anunciará la fecha para estos comicios”, declaró.

Para cumplir su voluntad, los indígenas ocuparon varios centros electorales de Santa Elena de Uairen, la capital de Gran Sabana, relató el diputado opositor Americo De Grazia. “El Parque Nacional Canaima es zona de guerra. Advertimos en muchas ocasiones cómo el régimen inducía a los indígenas a vivir de la minería, destruir su hábitat y cultura de vida. Ahora necesitan desplazarlos para posesionar a los turcos. Llegan francotiradores del DGCIM”, denunció el parlamentario.

De Grazia culpó al Gobierno de Nicolás Maduro de convertir al parque natural Canaima, una joya turística y patrimonio de la humanidad, en “tierras de sangre y destrucción” con su proyecto del Arco Minero. Las riquezas mineras más importantes del país yacen en el Macizo Guayanés y son vistas por el oficialismo como una salvación ante la debacle financiera.

El experimento tiene dos años y un sinfín de cuestionamientos. El 24 de febrero de 2016, Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO), una idea de Hugo Chávez anunciada hace siete años. Para opositores y disidentes del oficialismo se trata de una carta en blanco para la explotación de coltán, diamante y oro, entre otros recursos.

El Gobierno concedió la explotación de los recursos a la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMINPEG), una sociedad estatal creada casi en paralelo al arco minero, y varias empresas privadas, en un área de 111.843 kilómetros de extensión o el equivalente a un territorio como Liberia.

Además, la violencia parece ir en aumento por el posible control de mafias en la región desde que se inició el proyecto. Días después del nacimiento del AMO se conoció de la muerte de 17 mineros en el pueblo de Tumeremo, en Bolívar. Así, las masacres continuaron como una maldición en la zona selvática. En febrero, otros 18 mineros murieron en esa provincia en un operativo del Ejército. La Asamblea Nacional, los medios locales, activistas y políticos atribuyeron los sangrientos episodios al control militar y de las mafias. “La minería ilegal siempre existió en esa zona, aunque antes de una forma equilibrada. Pero desde el año 2000 se comienzan a consolidar grupos irregulares, algunos dirigidos por delincuentes desde una cárcel y por sindicatos… Luego, la degeneración económica empujó a muchos a sobrevivir con la minería ilegal, convirtiéndose en casi la única actividad laboral”, dice Armando Obdola, director general de la asociación indígena Kapé Kapé.

Al sur del río Orinoco, en esa región explotada, viven pueblos ancestrales. Los indígenas representan un 2,8% de la población venezolana distribuidos en más de 40 etnias, según cálculos oficiales. Los grupos se localizan en los Estados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia. Muchas de estas provincias son fronterizas con Brasil y Colombia. El presidente Hugo Chávez reconoció títulos de demarcación de las tierras de los pemones y otras dos etnias en 2000 y prometió respetar sus derechos, pero los ofrecimientos parecen infructuosos ante las condiciones de la comunidad.

Fuente: El País