NOTA DE PRENSA: A 2 AÑOS DE SUSCRITO EL ACUERDO DE ESCAZÚ POR EL GOBIERNO PERUANO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO SU RATIFICACIÓN

“DIOS HA SELLADO UN PACTO CON TODA LA CREACIÓN” (Gn 9, 8-12)
A 2 AÑOS DE SUSCRITO EL ACUERDO DE ESCAZÚ POR EL GOBIERNO PERUANO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO SU RATIFICACIÓN

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, respecto del Acuerdo de Escazú, plantea lo siguiente:

1. Consideramos que los 26 artículos del Acuerdo de Escazú, tienen como finalidad reforzar la protección del derecho al medio ambiente sano y equilibrado consagrado en nuestra Constitución, así como el derecho al acceso a la información, a la participación, y al acceso a la justicia. Su ratificación implica un importante desarrollo constitucional. Por ello, invocamos a la veracidad de la información pública, a fin de evitar falsos mensajes respecto al Acuerdo que buscan deslegitimarlo, alegando una supuesta renuncia a la soberanía del Perú, sin tomar en cuenta que es fundamental para el cuidado de nuestra casa común. Creemos, como nos lo recuerda el Acuerdo de Accra, que “todos estamos llamados(as) a oponernos a toda forma de injusticia económica y destrucción de la creación”.
2. El derecho al acceso a la información debe ser oportuno, con la claridad y sencillez necesaria, y favoreciendo el soporte técnico para su comprensión. El derecho a la participación y consulta para la toma decisiones debe ser obligatorio y efectivo para las poblaciones y pueblos indígenas u originarios, considerando que el respeto a sus territorios y el acceso a sus recursos naturales constituyen derechos que no deben ser vulnerados.
3. El derecho a la justicia en materia ambiental, debe ser garantizado con instituciones competentes e independientes, apoyando la asesoría especializada, gratuita y de confianza de quienes la requieren. Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco, en el sentido de que “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.
4. El Acuerdo permite evitar también la impunidad de los crímenes de defensores y defensoras del medio ambiente, como fue el caso del asesinato de Roberto Pacheco en Madre de Dios, uno de los cuatro casos recientes, por sus denuncias en contra de la minería ilegal. Por ello, se deben revisar los marcos normativos para definir los delitos ambientales y la defensa de derechos de sus defensores/as.
5. El Acuerdo de Escazú en su art. 9, plantea que las partes deben garantizar a los defensores y defensoras ambientales un ambiente propicio, seguro y sin amenazas para que puedan desarrollar sus actividades contando con las garantías de protección debidas para el adecuado ejercicio de sus labores.

Esta disposición contribuirá a fortalecer una política pública de protección de líderes y lideresas de pueblos indígenas u originarios, y defensores y defensoras ambientales, quienes vienen siendo amenazados/as y asesinados/as incluso durante la pandemia desatada por el COVID 19.

1. Los derechos reconocidos y garantizados por el Acuerdo de Escazú, así como el balance de su texto que introduce deberes y excepciones en relación a la implementación de estos derechos, contribuirá a prevenir conflictos sociales generados por actividades extractivas en particular, en especial en zonas habitadas por pueblos indígenas y originarios. Reforzar el derecho a la transparencia y participación reduciría los conflictos a favor de soluciones duraderas.
2. Concordamos con la Conferencia Episcopal Peruana en su carta dirigida al Congreso de la República, cuando afirma que “los valores de hermandad y solidaridad sustentan el Acuerdo de Escazú, pues reconoce nuestra realidad pluriétnica y pluricultural, promueve la cultura del encuentro y del diálogo, de la escucha mutua, del consenso, y de la comunión, para encaminar decisiones soberanas que protejan y garanticen la vida de los pueblos y la ecología integral”.

Invocamos al Congreso de la República a que ratifique el Acuerdo de Escazú, y al Gobierno Nacional que respalde públicamente la ratificación que ha propuesto. Se deben deponer intereses económicos y particulares, para priorizar la defensa de la vida y de la creación que nos acoge a todas/os.

NODO PERÚ - RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / RED MUQUI Perú / Red Uniendo Manos Perú / Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) / Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) / Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) / Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Otuzco) / Parroquia de San Mateo (Diócesis de Chosica) / Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF Cusco) / Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES Cajamarca) / Proyecto Amigo (Huamachuco) / Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén) / Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo / Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CONFER) / Comisión de Justicia Social – Diócesis de Chimbote / Paz y Esperanza / Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado / Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú / Área de Justicia y Paz – Diócesis de Chulucanas / Pastoral Social de Dignidad Humana – Arzobispado de Huancayo / Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV).

Miércoles 30 de septiembre 2020