Yanacocha ha anunciado que están avanzando en lograr apoyo social para la realización de su proyecto minas Conga. El ministro del ambiente ha manifestado el apoyo gubernamental al proyecto minero. Los alcaldes de Celendín y Bambamarca, así como el vicepresidente regional recientemente electos han manifestado su oposición al proyecto minero, en la misma dirección se ha manifestado el evento de la Cumbre de los Pueblos realizada a fines de octubre en Celendín. La culminación de la construcción de un campamento policial para albergar a 300 DINOES en la Quinua, en proximidad de la Laguna Challahuagón indicaría que puede reactivarse el conflicto. La victoria electoral de autoridades opuestas al proyecto minero indica que hay una fuerte y masiva oposición al proyecto minero.
La necesidad que ha manifestado Gold Fields de nuevas áreas de exploración para ampliación de sus operaciones podría reactivar conflictos en la provincia de Hualgayoc. Edy Benavides, recientemente electo con amplio respaldo electoral como alcalde de Bambamarca ha señalado que impedirán la expansión de Gold Fields y que no permitirán tampoco la ampliación de la minera Tantahuatay sobre el distrito de Chugur. A los conflictos provocados por la expansión de Yanacocha podrían adicionarse conflictos con estos dos proyectos mineros.
En el proyecto minero La Zanja de Río Tinto en Querocotillo, Chota se conoce que podría ocurrir una reprogramación de sus plazos de operación debido a que a empresa aun no ha logrado encontrar una solución tecnológica y financiera viable para un depósito con alta presencia de arsénico. Ha trascendido que es el gobierno quien presiona para el pronto inicio de sus operaciones.
En el marco de la flexibilización de las normas ambientales y el debilitamiento de la institucionalidad del Ministerio del Ambiente y la OEFA y la priorización absoluta de las inversiones mineras con leyes de criminalización de las protestas puede ser que la región vuelva a estar convulsionada por los conflictos mineros, a menos que el inicio de un año electoral para las presidenciales del 2016 y variaciones en los precios de los metales con restricciones de crédito dificulten las condiciones de inversión previstas por las propias empresas mineras, en cuyo caso los conflictos se desplazarían del eje ambiental al eje de mayor reclamo de inversiones con menos disponibilidad de recursos provenientes del canon minero.
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