¿Por qué Ollanta Humala no quiere implementar el Mecanismo de Prevención de la Tortura?

Escribe: Rafael Ponce

Periodista, (no me juzguen).

En entrevista con LaMula.pe, representantes de las Naciones Unidas y de la Asociación para la Prevención de la Tortura opinan al respecto.

Imagínese por un momento que uno de sus familiares es recluido por primera vez en un centro penitenciario y que al cabo de unos días usted lo encuentra en su celda malherido y con signos de tortura. ¿Qué haría usted? ¿Sabría a qué instancia puede recurrir? 

En el Perú no hay un organismo especializado que se encargue de este tema. Por ello, fue una buena noticia para nuestro país que el Congreso de la República aprobara a finales del año pasado el texto final que creaba la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La norma permitía ampliar las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado de examinar periódicamente el trato que reciben las personas privadas de su libertad (en penales, comisarías, locales militares, centros de rehabilitación, etc.) y hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar su situación.

Sin embargo, el 20 de febrero pasado, el Ejecutivo observó la referida ley y en una carta firmada por el mismo presidente Ollanta Humala, se indicó que los recursos que demandaría la implementación de la ley no se habían considerado en la Ley del Presupuesto de la República del 2015.

Pero ¿es realmente cierto este argumento?

"El Ejecutivo hizo una observación técnica a la ley, no dijo que no había plata para implementar este mecanismo porque ya se había aprobado un presupuesto destinado al 2015 para que la Defensoría del Pueblo asuma esas funciones. Así que el problema no es a nivel de dinero", dice Audrey Olivier, directora de la Asociación para la Prevención de la Tortura.

"En un acuerdo con el propio Congreso de la República, con Naciones Unidas, con la Asociación para la Prevención de la Tortura, el gobierno dijo 'vamos a darle un presupuesto adicional', y el Ministerio de Economía y Finanzas le dio S/.3 millones a la Defensoría del Pueblo para la implementación", señala Enrique Font, del SubComité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

Audrey y Enrique estuvieron en el Perú para conversar con autoridades de la sociedad civil, el parlamento y el Ejecutivo con la finalidad de impulsar la aprobación de esta ley. LaMula.pe conversó con ellos:

IZQUIERDA:Enrique Font, del comité para la prevención de tortura de la ONU, DERECHA: Audrey Oliver, directora de la asociaciónpara la prevención de la tortura.

 

Hasta dónde tenía entendido el gobierno decía que había un problema de presupuesto y que por eso no podía promulgar la ley...

Enrique Font: No es un tema de presupuesto, es un tema de iniciativa presupuestal. Está pensando para que los cuerpos legislativos no produzcan leyes que luego no se puedan aplicar. Es decir, usted quiere aplicar una ley que debe tener resuelta la cuestión del presupuesto.

Audrey Olivier: Claramente hubo una observación a este proyecto de ley básicamente por un asunto técnico. Es por ello que estuvimos en el Congreso para reunirnos con su presidente, con los presidentes de las comisiones de Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos a fin de discutir ese tema. El Congreso ya había aprobado la ley dos veces casi por unanimidad. Así que creo que están bastante favorables para dictaminar que esa ley pueda salir.

Pero si el Ejecutivo había destinado 3 millones de soles para implementar el mecanismo de esta ley, ¿entonces por qué la observa exactamente?

E.F.: Nos ha llamado la atención. Entendemos que hubo ahí una desinteligencia.

¿No lo saben entonces?

E.F.: No lo sabemos. De todas formas nos reunimos con el viceministro de Justicia que tiene el área temática de derechos humanos. Es el área del Gobierno que dialogó siempre con Naciones Unidas además de la Cancillería.

Durante el proceso de elaboración de la ley, ¿estuvieron en comunicación con el Ministro de Justicia?

A.O.: Con varios entes del Gobierno, más la Defensoría del Pueblo, más el Congreso de la República, más la sociedad civil. Es por eso que el proceso en Perú es un proceso abierto, transparente que está cumpliendo con los requisitos que siempre hemos promovido a nivel de implementación de un protocolo.

¿Se han reunido en estos días con sectores del gobierno?

E.F.: Con el interlocutor que ha estado en comunicación con Naciones Unidas, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga. Él sugiere que el camino más corto es que el Congreso insista con la ley.

Esta fotografía salió a la luz como prueba de secuestro y tortura de 29 campesinos, en el 2005, a manos de la policíay miembros de seguridad de la minera Majáz. FOTO: Perú21

 

Es decir, si el Congreso corrige este tema técnico, ¿la ley vuelve al Ejecutivo y se aprueba?

E.F.: Si el Congreso insiste ya ni siquiera vuelve al Ejecutivo. Es el camino más corto y mas fácil para que salga la ley.

Pero, si se trata de un compromiso que el Estado ha asumido, lo mejor sería que el Gobierno lo aprobara, ¿no?

E.F.: Lo que podría haber hecho el Gobierno es haber enviado la ley directamente al Congreso como una ley del Poder Ejecutivo.

A ver, lo que no entiendo es, si el Congreso hace una buena ley y hay voluntad del gobierno para aprobarla, ¿por qué no la promulga el Ejecutivo?

E.F.: No sabemos el porqué. Le doy un dato más: el gobierno le había notificado a Naciones Unidas que esa ley salía. Por eso estamos acá. Porque nos llevamos esa sorpresa grande.

¿Han conversado con la bancada oficialista en el Congreso? ¿Qué reacción tienen de que no se haya promulgado esta ley?

E.F.: La verdad nosotros no fuimos a pedir explicaciones.Lo que fuimos a pedir es: urge promulgar esta ley. Perú está incumpliendo el protocolo facultativo. Hace casi 9 años que es uno de los países que se ha desfasado de la región. Ustedes sacaron una excelente ley y sería una pena que esta ley se pierda y tengamos que reiniciar este proceso el año que viene con un cambio de gobierno. El escenario es o se resuelve o hay que empezar de nuevo.

Entiendo que no hay una razón aparente para esta situación...

E.F.: Ningún Poder Ejecutivo da un presupuesto sino piensa cumplir la ley. Es decir, ya cumplieron un acuerdo que era darle un presupuesto a la Defensoría del Pueblo para que pueda hacer su trabajo. Y lo hicieron, le dieron 3 millones de soles, lo hicieron efectivo.

Es decir, ¿la Defensoría tiene ese dinero para llevar a cabo el mecanismo?

A.O.: Sí.

Pero no puede ejecutarlo porque no se ha promulgado la ley...

A.O.: Exactamente.

Es un absurdo...

E.F.: No, es una desinteligencia. Por eso estamos tan apurados en que la ley se sancione porque además la necesidad es que se pueda incluir esta partida nuevamente en el presupuesto que se vota este año para el 2016. Porque el año que viene podemos tener el riesgo de tener el caso inverso: la ley sancionada sin el presupuesto.

A.O.: Ahora justamente se tiene que discutir el presupuesto al mismo tiempo que la aprobación de la ley.

E.F.: Es un compromiso obviamente que el Estado asume en el momento en que ratifica la Convención pero hay un compromiso de este Gobierno ante Naciones Unidas. La sociedad civil hizo su trabajo, el Congreso hizo un excelente trabajo, esperamos que el Poder Ejecutivo lo termine.

¿Qué pasa si esta ley no se promulga?

E.F.: Perú que es un país muy integrado económica y políticamente a la región, quedaría internacionalmente como uno de los pocos países que figuran en rojo en el mapa.

Nos daría una mala imagen internacional...

E.F.: Los deja en una situación de incumplimiento de una Convención que no tenían que firmar. Fue una obligación voluntariamente asumida. Los únicos que no tienen ley de los que han ratificado son Perú y Panamá.

¿Qué es lo que ocasiona en la práctica que no se apruebe este mecanismo? ¿Por qué es tan importante para la ciudadanía?

E.F.: Porque se necesita una posición más activa para evitar la tortura. Principalmente, este mecanismo tiene la obligación de hacer visitas periódicas no anunciadas a los centros de reclusión y tomar contacto directo con las personas posibles víctimas de tortura.

¿Por qué una visita periódica? Porque el hecho de que las instituciones donde hay personas privadas de la libertad sepan que hay un órgano del Estado independiente, monitoreando que puede llegar un viernes a las 4 de la mañana. Ya es una disuasión porque eleva el riesgo de que la tortura y el maltrato sea detectado. Ese sería el ideal más práctico e inmediato.

Tiene que ser quizás el órgano del Estado que mejor conozca la situación de tortura y malos tratos con mucho detalle, las causas, para que pueda hacer recomendaciones, sostener un diálogo con el Estado para que estas se implementen, precisamente para que la tortura no ocurra.

Es muy difícil que los Estados tengan estadísticas sobre estos temas...

A.O.: La visión general por ejemplo sobre salud, acceso de los familiares a las personas detenidas, sobre porqué hay tanto hacinamiento. Sin el mecanismo, no hay esa visión.

Finalmente, la ley depende del Congreso...

A.O.: Ahora sí. Además es un Congreso que ya aprobó dos veces la ley.

¿Qué sensación finalmente les deja que no se haya promulgado la ley?

E.F.: La situación es de incumplimiento del protocolo facultativo. El propio ministro de Justicia elevó un informe indicando que acompañaba la ley.

Es una sensación de incertidumbre...

E.F.: Tenemos la expectativa de que el Congreso salve al Estado del incumplimiento. Le di el titular que quiere.

lamula.pe 21-08-2015