Pueblos indígenas del Corrientes y Pastaza paralizan el Lote 192 como exigencia para retomar el diálogo de la consulta previa

Indígenas exigen al Estado formar una comisión de alto nivel para atender sus demandas.

Expertos consideran que el Estado se apresuró en concluir la consulta previa.

Las organizaciones indígenas del Pastaza y Corrientes tomaron de manera pacífica el aeropuerto de Andoas y paralizaron de forma indefinida la producción en todos los pozos petroleros del Lote 192, tras denunciar como fraude el proceso de consulta previa luego de que en forma antidemocrática el Gobierno, diera por concluida la etapa de diálogo del mayor lote petrolero del país.

“Nosotros hemos dicho, varias veces, que lleguemos a un acuerdo; pero no fue así, por eso ahora estamos reclamando nuestros derechos. Hasta la fecha el Estado ni siquiera se preocupa por remediar nuestro territorio ni hacer análisis de salud. El pueblo se siente vulnerado en sus derechos y hemos concluido que si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie más lo hará”, señala Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

Para llegar a acuerdos, las organizaciones indígenas exigen que el Estado conforme una comisión de alto nivel, integrada por autoridades que tengan poder de decisión: “Estamos exigiendo que el Estado instale una mesa de diálogo con autoridades de alto nivel, que la presidan los ministros de Estado que tienen poder de decisión porque el proceso de consulta, para nosotros, fue un fraude”, comenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco).

Además añade que han decidido paralizar todos los pozos de producción petrolera y también el aeropuerto de Andoas: “Sobre todo quiero recalcar que la lucha es pacífica, respetando la integridad física de las personas, de los trabajadores, de los policías y también los campamentos; si al Estado no le importan nuestras demandas, los pueblos nos mantendremos así porque la lucha es indefinida”, sustenta Sandi.

Consulta apresurada

Una de las principales incidencias que las organizaciones indígenas han cuestionado es la falta de atención a 26 de las 27 propuestas que presentaron en temas de salud, educación, remediación, entre otros; ya que, como el Estado y las comunidades no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico, debido a que ellos ofrecieron el 0.75% de la producción fiscalizada -monto que debía ser empleado en proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental-, pero las comunidades pedían el 2,5%; el Ejecutivo dio por concluida la consulta previasin tratar los demás puntos en discusión.

“Nunca se planteó una respuesta frente a la demanda de las organizaciones -ni afirmativa, ni negativa- en aspectos vinculados a salud, titulación, medio ambiente y demás; simplemente no se incluyó el tema en la última reunión y el Estado dijo que, como no hubo acuerdos en el tema económico, ahí se acababa la consulta; eso es algo que no cumple los estándares mínimos de consulta previa”, dice Vladimir Pinto, abogado de Oxfam Perú.

Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(Idehpucp), afirma que la legislación nacional está hecha de tal manera que faculta al Estado a que, si no se han llegado a acuerdos o éstos son difíciles de alcanzar, se pueda dar por terminada la consulta previa, “lo cual en este caso es riesgoso porque da la impresión que el Estado se ha apresurado por cumplir con los plazos relacionados a la firma del contrato con Pacific(nuevo operador del lote por dos años) y ahí estuvo el error”, enfatiza.

Al respecto, los integrantes de las comunidades indígenas han mostrado su indignación: “Cuando nosotros no llegamos a un acuerdo sobre la consulta, hemos insistido en seguir dialogando, pero igual la terminaron, por ese motivo nos hemos retirado” manifiesta Chino.En la misma línea, Sandi dice que “el proceso de consulta no garantizó nada, no se trató el tema de seguridad ambiental ni seguridad territorial y el Estado ha vuelto a dar servidumbre gratuita –sin indemnización- a la empresa petrolera, lo cual impide que nosotros titulemos el territorio integral y seamos respetados”.

Es importante resaltar que los territorios del Lote 192 presentan serios impactos negativos que, hasta la actualidad, no han sido remediados. La empresa Pluspetrol Norte S.A. operó el lote durante los últimos 15 años, y presentó un Plan de Abandono que no fue aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE), del Ministerio de Energía y Minas. Además, el proyecto fue observado por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA) y hasta la actualidad, no existe otro plan de remediación.“Se requería tener claridad de cuál va a ser ese proceso de remediación y quién asume las responsabilidades pero no hubo ninguna esclarecimiento del Estado sobre este tema, tampoco ha habido voluntad política de dar una solución o mensaje sobre esto” señala Pinto.

Cierre de la vía del diálogo

Hay que recordar que el Ejecutivo concluyó el diálogo de manera unilateral el 25 de agosto con las cuencas del Pastaza y Corrientes (Fediquep y Feconaco) en cuyo territorio se encuentra el 80% de las instalaciones del lote 192. Además, dicha etapa fue constantemente postergada por los técnicos del Estado en Loreto, y cuando en Lima se retomóel diálogo (el 14 de agosto), se estableció como único punto a tratar el tema de beneficios, generando incomodidad en los presidentes de Fediquep y Feconaco, quienes no firmaron el acuerdo debido a que ellos viajaron desde sus comunidades para dialogar sobre la totalidad de sus demandas.Quienes sí suscribieron el pacto fueron las comunidades del Tigre (Feconat).

Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de la consulta establecen que, en caso de concluir la consulta, el Estado tiene que justificar su decisión, “este punto es algo que se tiene que cumplir, no es solo proponer un punto de los que le interesan a las comunidades” sostiene el abogado Vladimir Pinto. En la misma línea, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene en un artículo que es ilegal dar por concluido un proceso de consulta a pesar que nunca hubo desacuerdo, violando el Gobierno el artículo 15 de la Ley de Consulta.

“Esta norma precisa que: en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. También viola el artículo 21 del reglamento que dice que: la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta”, manifiesta Ruiz y agrega que al no haber mala fe de ninguna de las partes, no hay causal para poner fin al proceso.

Ministerios se pronuncian

Si bien la consulta previa se llevó a cabo por el Ministerio de Energía y Minas, liderado por la ministra Rosa María Ortiz, el proceso tuvo la intervención de otros actores gubernamentales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y Ministerio Economía y Finanzas. El trabajo en conjunto, conllevó a la decisión de dar por terminada la consulta previa con la aprobación del primer ministro, Pedro Cateriano.

“El proceso de consulta ha sido mal llevado por el Ministerio de Energía y Minas, más allá de si el Ministerio de Cultura ha estado ahí o no. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que el MINEM no va a querer retomar la consulta” comenta Zambrano. Pinto agrega que “el Gobierno ahora tiene una oportunidad de oro porque puede establecer una mesa de diálogo donde se traten estos temas con seriedad, el problema ha sido que mucho de la agenda indígena, no se tomó en serio”.

A eso se suman las declaraciones de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en el diario El Comercio, que han generado malestar en las comunidades nativas, pues tildó de “desgastante” el proceso de consulta previa en el lote 192 y además, cree que son improcedentes los reclamos.

“Rechazamos categóricamente el pronunciamiento de la ministra Balbuena, ella en un par de meses va a dejar de ser viceministra, pero nosotros no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí los 30 años que vienen, nuestros hijos van a crecer aquí, la viceministra puede opinar, pero no reúne las condiciones para hacerlo bien” comenta Sandi.El presidente de Feconaco añade que no van a permitir que el Estado tome decisiones sin conocer la realidad de sus pueblos: “Nosotros estamos en total abandono, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló en el programa Cuarto Poder que los pueblos indígenas gozan de los programas sociales, pero eso no es verdad, yo no sé quién le ha informado eso porque es falso, nosotros estamos en total abandono del Estado. Ellos tienen una deuda histórica con las organizaciones indígenas” señala.

Por otro lado, tras aprobarse en el Congreso la ley que permite a Petroperú operar el Lote 192, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo se pronuncie sobre la misma. “Si el Ejecutivo observa esa ley, el Congreso tiene dos opciones: o encarpetar esa ley o la promulga más allá de lo que el Ejecutivo considere. Pero sea cual sea el resultado, el Ministerio de Energía y Minas va a tener que solucionar el tema con las comunidades indígenas” dice Zambrano. Pinto manifiesta que es valioso que el Estado quiera tener mayor autonomía en la política energética, pero agrega que “esa discusión ha opacado el proceso de consulta previa del lote 192”.

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