El debate sobre el futuro de Doe Run y el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) es una constante en la agenda económica, ambiental y social del país. El día de hoy, lunes 18 de julio de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que Perú obtuvo una decisión favorable del Tribunal Arbitral internacional en el arbitraje iniciado en el 2011 por Renco Group Inc. y su filial Doe Run Perú (DRP) contra el Estado Peruano (Ver nota de prensa del MEF). No obstante, el problema de fondo sobre el futuro de La Oroya continúa.

Esta vez ha sido el futuro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha puesto el tema nuevamente sobre el tapete, pidiendo al Congreso prorrogar la ley 27809 con el fin de evitar la liquidación de la empresa.

Sin embargo, más allá de la extensión de esta nueva prórroga, es necesario señalar que esta medida no representa en sí una solución clara frente a la viabilidad (o no) de que el CMLO vuelva a operar sin poner en riesgo la salud de la población.

Como veremos más adelante, el tema de fondo es la salud de la población y el daño al ambiente. Tras analizar el caso, presentamos cinco puntos que pueden ayudar a entender qué sucede en La Oroya y qué acciones son necesarias para reactivar el CMLO sin poner en riesgo la salud de la población.

Foto: Audrey Cordova

1. La solución tantas veces aplazada 

El Complejo Metalúrgico La Oroya se estableció en 1922 como inversión de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation. Desde aquella fecha, la ciudad de La Oroya creció alrededor de este complejo convirtiéndose en la principal fuente de trabajo de la población.

Luego de un proceso de nacionalización el Complejo volvió a privatizarse en 1997 transfiriéndose la propiedad a Doe Run Perú (filial del Grupo Renco) la cual asumió los compromisos y obligaciones ambientales establecidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del CMLO que debían cumplirse 10 años después, en el año 2007. Como indicó a RPP el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal: “Renco cumplió con construir la planta de ácido sulfúrico del circuito de plomo y del circuito de zinc, pero nunca cumplió con el circuito de cobre que es el más importante”.

Es decir, hasta 1997, ni el Estado ni la empresa que adquirió el complejo de La Oroya  han sido capaces de lograr operar dentro de estándares compatibles con la salud y el ambiente. El resultado ha sido la acumulación de  contaminación en la zona lo que ha sido perjudicial para la salud de los pobladores y trabajadores de La Oroya.

2. El cierre del Complejo Metalúrgico

El año 2009, Renco entró en crisis financiera e inició un proceso de reestructuración.  Durante este proceso, se ha continuado pagando la planilla que actualmente tiene alrededor de dos mil trabajadores.

En agosto de 2015, Profit, administradora concursal de Doe Run hasta agosto de 2015, intentó vender las unidades de La Oroya (Junín) y Cobriza (Huancavelica). Sin embargo no se presentaron ofertas públicas. Profit podía hacer esto hasta el 27 de agosto de 2015, cuando  entraba a un proceso de liquidación efectiva. Pero esto no sucedió, pues seis días antes de aquel 27 de agosto el Ejecutivo emitió una norma que modificó la Ley general del sistema concursal (Ley Nº 27809). Con este cambio legislativo se pudo prorrogar los plazos para la subasta de los activos de Doe Run por un año más. Se definió el 27 de agosto de 2016 como la nueva fecha límite para la venta de La Oroya.

Así, y ante el próximo vencimiento de plazo, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski señaló que pedirá al Congreso una nueva prórroga a la ley que vence el 27 de agosto y, así, evitar el proceso de liquidación que generaría llevar al cierre definitivo de la empresa y el despido de los trabajadores.

Sin embargo, antes de extenderse la prórroga como ha solicitado PPK, es necesario analizar que estamos ante un problema laboral, ambiental y de salud que no está siendo tratado y que actualmente no tiene una solución en camino.

Foto: Audrey Cordova

3. Los Estándares Ambientales del Aire (ECA aire)

Se ha hablado mucho sobre la necesidad de reducir los ECA aire para la cuenca de La Oroya. De esta manera, la oferta pública para adquirir el CMLO sería más atractiva para los inversionistas.

Esto es una falacia pues, aun si se volviera a los estándares de 1996 el CMLO no estaría en condiciones de operar, ya que de una revisión de los datos del INEI sobre la concentración de los puntos de monitoreo de Doe Run Peru destaca que dichas concentraciones se encuentran muy por encima incluso de los niveles establecidos en 1996.

Además, como veremos en el siguiente punto, la flexibilización de los estándares ambientales para la cuenca de La Oroya que varios sectores solicitan (y en algunos casos exigen al Estado) tendría que ser de tal envergadura que efectivamente pondría en gran riesgo la salud de la población que ya se encuentra afectada. Un estudio de investigadores de la Universidad de Yale, que usó datos del 2009 a 2014, determinó que el CMLO excedió los límites máximos de metales pesados en el aire.

Estos altos registros se dieron, incluso, cuando el complejo no estaba operando, entre diciembre de 2009 y julio de 2012.  De esta forma, Yale determinó que los niveles del plomo en el aire fueron de hasta tres veces más que los límites máximos. Actualmente, el límite máximo de dióxido de azufre (SO2) es de 365 microgramos por metro cúbico (ug/m3), pero, durante el periodo analizado, hubo registro de hasta 18 253 ug/m3. Es decir, unas cincuenta veces más. Por su parte, la Dirección General de Salud (DIGESA) muestra en su reporte de monitoreo 2007 de calidad del aire de La Oroya que existen picos horas donde se ha llegado hasta 28300 ug/m3.

Al respecto, el Ministerio del Ambiente ha publicado el documento PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ENTENDER EL CASO DOE RUN (link: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/DOSSIER-DOE-15.07.16.pdf) en donde señala que reactivar el circuito de cobre en su estado actual sería inviable en cualquier lugar del mundo:

“Es claro que tanto en emisiones diarias, como en emisiones promedio anual, La Oroya, con el circuito de cobre en funcionamiento, no se adecúa ni al ECA más flexible del mundo. La opinión pública habla del ECA de Chile de 250 ug/m3 o de localidades de Canadá de 300 ug/m3 y vemos que La Oroya tiene emisiones promedio diario que superan los 2000 ug/m3, no existiendo norma alguna a nivel mundial capaz de soportar esa carga contaminante en la atmósfera. Lo mismo ocurre con el ECA promedio anual, en donde superar 700 ug/m3 hace que no exista ECA posible a nivel mundial a ser adaptado a esa realidad.”

4. Los temas de fondo: la salud y el ambiente

En el año 2011, La Oroya ocupó el segundo puesto en el ranking de las ciudades más contaminadas elaborado por el Instituto Blacksmith, mientras que el 2013 ocupó el quinto puesto  En estas listas, La Oroya se codea con ciudades como Chernobyl (Ucrania), que sufrió una explosión nuclear, y Dzherzhinsk (Rusia), que cuenta con cincuenta plantas químicas y polígonos abandonados de productos químicos. Cabe mencionar que las concentraciones de La Oroya solo muestran reducciones significativas a partir de la fecha de cierre  del CMLO.

Según un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el 2013 (Ver informe), en esta ciudad el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años y el 98% de aquellos que cuentan entre 7 y 12 años presentó niveles elevados de plomo en la sangre. 

El porcentaje llegó al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles.  Los niños son especialmente vulnerables, ya que la intoxicación por plomo puede generar graves consecuencias en el desarrollo cerebral y del sistema nervioso. En el caso de los adultos, algunas de las consecuencias son la hipertensión arterial y problemas renales, mientras que para las gestantes la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede generar abortos, partos prematuros, malformaciones en el feto, entre otros daños.

Frente a esta realidad, un grupo de pobladores presentó una demanda ante el tribunal del Estado de Missouri (EEUU) por la responsabilidad de Doe Run y Renco en los daños a la salud de la población de La Oroya. Dicha demanda fue admitida y el juicio se encuentra en proceso.

Asimismo, el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares a favor de 65 ciudadanos de La Oroya afectados por la contaminación.  Pese a ello, 8 años después, estas personas aún no reciben toda la atención médica requerida.

[Video] La Oroya: registraron metales pesados en el aire cuando complejo metalúrgico no operaba

5. Entonces, ¿cuál es la solución real para La Oroya?

Isabel Calle, directora del Programa de Gestión Ambiental y Política de la SPDA señala lo siguiente: “Mientras no se construya la planta de ácido sulfúrico en el CMLO, su operación no es viable para el cobre”.

“El problema de fondo, es la antigüedad y obsolescencia de la tecnología empleada en las operaciones del CMLO. Es decir, se están pagando los platos rotos de una necesaria inversión que debió hacerse hace muchos años, incluso cuando era propiedad del Estado”, agregó Calle. Sin embargo, según mencionó el ministro del Ambiente, el CMLO sí sería viable para plomo y zinc, ya que se cumplió con construir la planta de ácido sulfúrico para estos minerales.

En cuanto al cobre, no significa que los ECA Aire establecidos en el año 2009 por el Ministerio del Ambiente no deban ser revisados para ver si son realistas o no. Dicho análisis es una tarea pendiente del Estado que debe realizarse considerando aspectos técnicos, ambientales y sociales. Pero en este caso, las alternativas de solución no parecen ir por el lado de la flexibilización, ya que no habrá forma de cumplir ningún estándar con la planta actual.

Es necesario que la evaluación del pedido de extensión de la prórroga considere que se está ante un tema laboral, ambiental y sobretodo de salud.  Cualquier solución debería priorizar la salud de las personas y del ambiente, lo que obligaría a un plan serio de reconversión tecnológica o a aceptar una realidad innegable: un complejo minero como el de La Oroya en el siglo XXI no puede seguir operando con niveles de contaminación inaceptables en cualquier parte del mundo.  De ser este el caso, deberá plantearse una salida al problema social que se generaría si se acordara el cierre definitivo del complejo minero al perderse 2 mil puestos de trabajo y afectarse severamente la economía local.

DATOS:

• El PAMA de Doe Run ha sido prorrogado en dos ocasiones: en el 2006 y en el 2009.
• En el año 2012 se presentó una tercera solicitud de prórroga, la cual fue rechazada.  Al no cumplir con el PAMA, éste quedó sin valor legal y sin vigencia.  Ante ello, el administrador del CMLO presentó un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)[1]. Dicho documento fue aprobado por el MEM el 10 de julio de 2015.
• Con el IGAC aprobado, se realizó una nueva oferta pública el 6 de agosto de 2015. Sin embargo, no se presentaron ofertas a la subasta internacional por las unidades de La Oroya (Junín) y Cobriza (Huancavelica) de Doe Run Perú.

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[1] Tal como se establece en el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (Decreto Supremo N° 040-2014-EM)

Fuente: http://www.actualidadambiental.pe