Reporte Conflictos Diciembre 2010 - Junio 2011

RESUMEN

El período cubierto por ese reporte incluye los momentos de renovación democrática de las autoridades locales regionales y nacionales (primera y segunda vuelta), en este contexto este informe contrasta los principales eventos de tensión y conflicto con los debates políticos y sociales que forman parte de la agenda pendiente que los órganos de gobierno y las organizaciones sociales deberán afrontar durante los próximos años en relación a las industrias extractivas, la sostenibilidad ambiental y los procesos democráticos.

Los principales debates identificados relacionados con los conflictos observados son:

Derecho al agua y a un medio ambiente sostenible. Son múltiples las quejas hechas públicas por la población local en relación a eventos de contaminación, el caso más evidente fue el derrame de aguas ácidas causado por la empresa minera Yanacocha (Marzo de 2011) afectando directamente a los caserios de Aliso Colorado y de Llagamarca produciéndose protestas y movilizaciones. Los afectados denunciaron que la empresa trató inicialmente ocultar el hecho. Los canales directamente afectados fueron Quishuar, Encajón Collotan y Llagamarca. En última instancia la población de Cajamarca también se ve afectada pues la planta de tratamiento de la ciudad está vinculada con la cuenca afectada. Son múltiples los esfuerzos que las poblaciones locales realizan para proteger sus fuentes de agua, como el caso de Catilluc o San Pablo, un mecanismo frecuentemente utilizado es tratar de convertir las zonas que originan el agua en zonas de protección ambiental, aunque es un mecanismo de dudosa utilidad práctica dado el marco legal existente estas acciones son claras señales de interés de las comunidades por proteger el agua. Las afectaciones de la actividad minera sobre el agua son indudables, evidencia de ello es el informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental N° 010-2011-GR.CAJ/DRSC-DESA-USB, que recomienda buscar otras fuentes de agua para abastecer a los moradores del caserío de Cushurubamba del centro poblado de Combayo (La Encañada) el informe afirma que desde hace al menos dos años las aguas consumidas por la población tienen niveles de Hierro, Aluminio, Cobre, así como el pH y turbidez superiores a los límites máximos permisibles producto de la actividad minera.

Derecho a la salud. Este derecho tiene una estrecha relación con descrito anteriormente, los cambios en el medio ambiente repercuten directamente en la salud de las personas. En relación a este derecho la incapacidad de las autoridades y la empresa de resolver los problemas derivados del derrame de mercurio en Choropampa luego de 11 años es dramática. Incluyendo el surgimiento de nuevos problemas de salud en la población afectada. La respuesta del estado ha sido mínima y los servicios de salud parecen destinados a ocultar sistemáticamente los efectos de la contaminación que a responder a los problemas de salud que afligen a la población.

Derecho al consentimiento de las poblaciones locales a las actividades extractivas. Aunque se trata de un derecho complejo, el debate actualmente está centrado en la ley de consulta previa, la cual fue aprobada (con el voto fujimorista en contra) y luego observada por el presidente García. Durante este periodo de análisis en la región de Cajamarca se han presentado múltiples tensiones producidas por la inexistencia de mecanismos eficaces de consulta previa a la realización de actividades mineras, a saber, pobladores de Chamis, Huangamarca, Pomahuaca (Jaén), la Municipalidad Provincial de San Pablo, Rondas Campesinas de Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Santa Cruz han manifestado públicamente su oposición a la realización de actividades mineras en sus respectivos territorios sin encontrar ningún mecanismo institucional para hacer valer su opinión. El caso del proyecto minero Coimolache de la empresa minera Tantahuatay (Grupo Buenaventura) ha implicado enfrentamientos violentos entre la población y la policía, en un extremo inédito el EIA del proyecto minero fue presentado sin la presencia de las comunidades locales y de ninguna autoridad regional cuya participación fue impedida por la propia policía nacional, lo que resulta no sólo paradójico sino abiertamente contrario a cualquier esquema de participación ciudadana, a pesar de todo lo descrito el Ministerio de Energía y Minas aprobó finalmente el EIA presentado por la empresa minera. En la práctica las audiencias de presentación de EIAs son el único momento en que la población puede conocer formalmente el proyecto.

Gobernanza ambiental. Durante el periodo analizado por el presente reporte el esfuerzo más claro por promover la gobernanza ambiental en la región Cajamarca ha sido el desarrollo del proceso de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE), que fuera observado por el conglomerado de intereses mineros (Grupo Norte). Frente a los cuestionamientos el Consejo Regional de Cajamarca respalda por unanimidad el proceso de ZEE aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, declarando como infundada la solicitud de reconsideración interpuesta por el Grupo Norte. El proceso de ZEE ha recibido el respaldo de diversas organizaciones como la Universidad Nacional de Cajamarca. El Gobierno Regional continuará con el proceso de Ordenamiento Territorial (OT) del cual la ZEE es sólo el primer paso.

Reformas al Sistema de Justicia y los marcos legales. Aunque a primera vista no resulta evidente muchos de los conflictos se generan o agudizan por la incapacidad del sistema para asegurar justicia en el marco institucional. Un ejemplo es la decisión de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca,de liberar de cargos a los polícias involucrados en el asesinato de Isidro Llanos Ch., aduciendo no tener suficientes pruebas que incriminen a los tres policías que fueron sindicados como presuntos autores del hecho, a la fecha no se han determinado responsabilidades por la muerte de este campesino en medio de una protesta contra minera Yanacocha. El mismo sistema judicial mantiene procesos abiertos contra dirigentes ambientales en San Marcos, quienes denunciaron la contratación de delincuentes, ex terroristas y narcotraficantes como parte del servicio de seguridad de la empresa minera Vale, estos dirigentes están siendo juzgados bajo las leyes que criminalizan la protesta aprobadas por el presidente García.