Por: RAMIRO CARRILLO
DPA
Los sectores indígenas y sindicales del Ecuador fueron claves para el triunfo electoral del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien asumió por primera vez el cargo en 2006. Ahora son esas mismas fuerzas las que le piden rectificaciones en cuestiones de impuestos y leyes como las de aguas y tierras, entre otras.
Ley de herencias
El 10 de junio Correa envió a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, más conocida como ley de herencias. El proyecto grava con una tarifa mayor a la actual el patrimonio recibido por herencias, donaciones u otros de tipo gratuito.
Los herederos directos serían gravados hasta con 47% y los no directos hasta 77,5%, aunque este último porcentaje fue modificado. La ley fue cuestionada por ciudadanos y empresarios que alegan que el impuesto afectaría a las empresas con estructura familiar y desincentivaría el trabajo y el progreso. Fue el detonante de una protesta social en todas las ciudades del país a inicios de junio.
Ley de plusvalías
Como una medida para combatir la especulación de las tierras el gobierno planteó un impuesto a la plusvalía que llegaba a gravar hasta con el 75% ciertos bienes. El impuesto se calcula sobre "las ganancias extraordinarias" en las transacciones de bienes desde la segunda venta de las propiedades. La recaudación de este impuesto iría a parar a los municipios, no al gobierno central.
Esta ley y la de las herencias fueron retiradas "temporalmente" para evitar mayor conflictividad social.
Ley de aguas
Designa a una autoridad gubernamental única para el control de las fuentes de agua en el Ecuador. Ancestralmente este recurso fue manejado por las comunidades campesinas e indígenas que vivían en las zonas altas y páramos donde se originan las fuentes acuíferas. Los indígenas piden que exista una paridad de decisiones para el manejo del agua entre el Estado y las comunidades.
Ley de tierras
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales también es cuestionada por el sector campesino que ve la conformación de una autoridad suprema para la gestión sobre las propiedades rurales y rechaza la expropiación y desvalorización de las tierras que en lapsos mayores a un año estén improductivas.
Enmiendas a la Constitución
En su discurso de asunción de su segundo mandato, en mayo de 2013, Correa pidió a sus diputados que gestionasen la reforma constitucional que le permita reelegirse indefinidamente. Correa advertía que su proyecto político podía caer después de que en esas elecciones su partido, Movimiento Alianza Pais (AP), perdiese las alcaldías de las principales ciudades ecuatorianas. Los legisladores oficialistas plantearon un paquete de 17 enmiendas constitucionales y con autorización de la Corte Constitucional empezaron a tramitarlas como enmiendas, ya que otras vías de reforma implicaban una consulta popular.
Si bien hay temas importantes, la enmienda que posibilita la reelección inmediata de funciones a los cargos de elección popular, básicamente el de presidente de la República, fue tema de constantes cuestionamientos por parte de la oposición. Por decisión de la mayoría parlamentaria las enmiendas han seguido su trámite y lo previsible es que el presidente Correa pueda presentarse a un tercer periodo presidencial en 2017. La Constitución actual permite únicamente una reelección, que Correa ya consiguió en 2013.
Coyuntura política
Correa asumió su primer mandato en el 2006 con un favor popular mayoritario que vio en él un nuevo líder "que sacaría las manos políticas de la justicia", como prometió. Correa convocó una Asamblea Constituyente, que cuando concluyó su trabajo llamó a su vez a nuevas elecciones presidenciales en 2009. La Asamblea no consideró como periodo de gobierno los dos primeros años que Correa ejerció el poder. El líder socialista ganó esos comicios y consiguió la reelección en 2013, con lo que al término de este mandato cumplirá 10 años en el poder, más que ningún otro presidente ecuatoriano.
Coyuntura económica
La economía ecuatoriana se vio fortalecida por los elevados precios del petróleo (100 dólares por barril) que se registraron hasta finales del año pasado. Las ventas petroleras constituyen el 50% de los ingresos externos ecuatorianos, lo que le posibilitó proyectar una obra de infraestructura como nunca antes vio el país andino. Pero desde fines de 2014 el petróleo empezó a bajar y hoy bordea los 50 dólares por barril, situación que Ecuador ha sabido sortear sin llegar a una crisis económica pero que obligó a recortes, nuevas leyes y hasta rebaja de salarios.
En el marco de esta preocupación económica, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional las leyes de impuestos a las herencias y a la plusvalía, lo que que motivó desde los primeros días de junio protestas ciudadanas convocadas espontáneamente por las redes sociales, que derivado estos días el medidas mucho mayores de los sectores indígenas y obreros.
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