DIRECTORA DE GRUFIDES: "En el Perú impera la ley del más fuerte"

Por: 
Wilfredo Cholán en Noticias SER

Noticias SER, conversó con Mirtha Vásquez, directora de Grufides y abogada defensora de Máxima Acuña y su familia, sobre la situación actual del caso que enfrenta con la empresa minera Yanacocha,  los hostigamientos que vienen sufriendo y la ineficiencia e indiferencia del Estado peruano frente a este caso

¿Cuál es la situación legal de Máxima y su familia en estos momentos?

En el proceso penal que era de usurpación Máxima ha ganado. Pero en estos momentos estamos en el proceso civil donde la empresa minera Yanacocha  ha demandado reivindicación de propiedad, dentro de ese proceso, es que se ha otorgado la medida cautelar que favorece a la empresa donde la juez ordena que no haga ningún tipo de actividad en el predio mientras dure el proceso. Ahí se ve la paradoja de cómo actúa  el Poder Judicial, porque, por un lado le reconocen la posesión y por otro, viene otro juez, y le impide que pueda ejercer esa posesión. En consecuencia Máxima  no pueda realizar actividades mínimas como por ejemplo agricultura porque si hace cualquier acción se expondría a una sanción por parte del juzgado. Si  un juzgado ordena una decisión como esta, quien tendría que hacer respetar  la medida es el propio juzgado, no la empresa. Ahora  la empresa  asume la función del juzgado y entra con su personal de seguridad destruyendo todo lo que está a su paso como ha venido sucediendo.  Esto es sorprendente. Frente a esto hemos contestado diciendo que no pueden pedir reivindicación porque primero tendría que probar  que son propietarios de ese predio.  Aparte la empresa en estos días ha cercado con mallas metálicas el predio de la familia, los ha dejado encerrados. Ese cierre ha supuesto también cerrarles el paso a un camino ancestral. La facilidad que le daba este camino es que no tenía que pedirle permiso a esta empresa. Y hora el único acceso que tienen es hacia la carretera principal que la empresa dice que es de su propiedad. Toda esa carretera está controlada por la Yanacocha.

Entonces ¿la empresa tiene títulos comunales?

Esos dos títulos de propiedad,  lo que acredita es que compraron el terreno de una comunidad campesina,  para eso ellos tendría que probar a quien de la comunidad le compraron, si cumplieron con los requisitos  que la ley exige para compra de tierras comunales,  verificar si es que a ellos les han vendido, y si estos, comprenden  el terreno de Máxima tendría que obrar la firma de Máxima. La empresa tiene una gran coartada. Yanacocha dice que ellos no compararon el terreno directamente, si no que fue otra empresa llamada Minas Conga, que es exactamente lo mismo que Yanacocha y esta  fue la que les transfiere formalmente. Yanacocha se defiende que eso no lo pueden acreditar, porque tenemos que  preguntarle  a Minas Conga, nosotros le decimos, pero Minas Conga son ustedes, ellos  nos responden: ¡No, legalmente, no los somos! Ahora Minas Conga desapareció.

A pesar de haber ganado el proceso penal  el año pasado, siguen los hostigamientos ¿han presentado una denuncia  al respecto?

Nosotros hemos presentado 3 denuncias después del proceso ganado por los constantes hostigamientos, pero resulta que el fiscal de Celendín dice que no hay nada, no encuentran ningún acto de daño.  Eso nos parece increíble. Han archivado nuestra denuncia. Ante ello, ya hemos interpuesto  un recurso impugnatorio. Ahora  estamos a la espera que el superior resuelva.

¿Y las garantías otorgadas por la gobernación y  la CIDH?

Nadie las quiere ser efectivas.  Las garantías otorgadas por la CIDH, le tocaría hacer efectivas al Ministerio de Justicia, pero simplemente no responden nada. Hemos ido a pedir que hagan alguna gestión, pero el procurador  dicen que van a verlo y eso está desde el año pasado, no se atreven hacerlas eficientes. Por otro lado, las de la gobernación  tampoco, esa ordena que tiene que salir los efectivos policiales del predio, pero como vemos siguen ahí. Es decir, las garantías no se ejecutan, ni se respetan.

¿Frente a ello están realizando alguna medida?

Presentaremos el caso en octubre en una audiencia ante la CIDH y luego solicitar que se empiece a hacer un trámite de sanción contra el Estado peruano. Porque no pueda ser que desproteja a un ciudadano a esos niveles de indiferencia e injusticia. Eso se ha pedido de forma escrita, porque me parece grave que la Comisión Interamericana siendo un órgano supranacional este siendo ignorada totalmente en este tipo de casos. Es decir el Estado sigue mostrando su indiferencia.

Así como va el proceso ¿Qué medidas tomaran más adelante?

Tenemos el compromiso de seguir defendiendo a la familia legalmente, a pesar de las circunstancias adversas.  La familia  está bastante golpeada anímica y moralmente. Una familia que no puede hacer nada con sus tierras en el campo, es una familia que no se siente viva.  Además recibe constantes amenazas de muerte contra ella y su  familia. Entonces se respetara las decisiones que tomen más adelante, porque más allá de la defensa del terreno, está de por medio su vida. Nosotros somos muy respetuosos de lo que ellos decidan.

Por lo mencionado ¿Máxima está recibiendo algún apoyo psicológico?

Cuando estuvo la ministra Carmen Omonte, ordeno atención psicológica para Máxima y su familia. Se acercaron los miembros del Ministerio  y tuvieron unos primeros contactos, pero luego, cambiaron de ministra y no han vuelto a decir nada,  al parecer no hay ninguna intención de apoyar a la familia. En este momento no hay ayuda psicológica.

Finalmente ¿Qué le diría  a la población y a la empresa minera?

A la población que hay que ser muy solidarios con este caso, que va más allá de defender a una mujer campesina, este es un caso, que por un lado evidencia los abusos y vulneración de derechos  que puede cometer una empresa transnacional,  cuando quiere imponer sus posturas y proyectos. Incluso por una propiedad. Por otra, que en el Perú impera la ley del más fuerte, se han pasado por encima a las instituciones, las normas… en un Estado que se dice democrático. Entonces se juega más allá que la defensa de una propiedad, se juega acá los derechos de una población, el tema de la institucionalidad, la democracia y el respeto por los derechos  fundamentales  que  debe tener a favor cualquier ciudadano.

A la empresa minera les diría que tengan sensatez. Pueda ser que finalmente se puedan quedar con ese pedazo de terreno, cometiendo una serie de abusos y violaciones de derechos. Pueden conservar la propiedad, pero no conservar de ninguna manera  su imagen, el respeto y su responsabilidad social con las comunidades. Ellos les están siendo un pésimo favor a las demás empresas mineras al evidenciarlo como un sector abusivo, capas de atropellar normas y la dignidad de personas.