Escribe Pablo Morán y publicado por Cadena SER
Abdullahi Ali Hussein fue asesinado en Somalia, Maria das Dores Salvador en Brasil, Alex Fabián en Colombia, Francela Méndez en El Salvador... Y la lista continúa, hasta 156 nombres de otros tantos defensores de los Derechos Humanos asesinados durante 2015 en 25 países del mundo, una cifra superior al registrado el año anterior, según los datos que maneja la organización Front Line Defenders en su informe anual publicado esta semana.
El estudio confirma que los activistas que corren más riesgo son aquellos que defienden la propiedad de la Tierra y sus habitantes frente a grandes proyectos de ingeniería. El 45% de los asesinatos registrados por esta organización están vinculados a este tipo de causas, principalmente en dos áreas del planeta: América Latina y Asia.
El acoso a estos activistas se extiende también a sus familias. El análisis de Front Line Defenders recoge el caso del burundés Pierre Claver Mbonimpa, considerado "decano" de los activistas en este país africano que ha visto como sus dos hijos han sido asesinados por la implicación de su padre en las movilizaciones para evitar que el presidente se presente a un tercer mandato, algo que prohíbe la constitución del país.
Asesinatos, amenazas de muerte, detenciones y acusaciones arbitrarias con graves lagunas en el cumplimiento de los derechos que asisten a los detenidos a favor de un juicio justo, limitación de movimientos o acusaciones basadas en la lucha contra el terrorismo global... Cualquier excusa parece ser buena para muchos gobiernos cuando de lo que se trata es acallar a quién levanta la voz o silenciar a quién se moviliza por una causa justa.
Este domingo hablamos con uno de esos activistas que ha sufrido este tipo de represalias. Su nombre es César Estrada, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas de Perú, que se ha movilizado para intentar paralizar una mina en la región de Cajamarca. Y analizamos la situación con Jim Loughran, portavoz de Front Line Defenders.
Fue el pasado mes de mayo cuando Vladimir Putin impulsó la ley que declara "indeseables" a las ONG´S extranjeras que trabajan en Rusia. El texto otorga manga ancha al fiscal a actuar contra todas las organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad de la Federación.
La ley contempla multas de cerca de diez mil euros para los activistas y condenas de 2 a 6 años de cárcel para los reincidentes. También corta todo tipo de actividad financiera con estas organizaciones y la prohibición para desarrollar su actividad en el territorio.
Desde su aprobación, más de cien ONG´S han sido incluídas en la lista de "agentes extranjeros" 30 de ellas se han visto obligadas a abandonar sus actividades.
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