La Justicia brasileña suspendió la licencia de operación de la hidroeléctrica de Belo Monte y multó con 225.000 dólares a la empresa Norte Energía, responsable del proyecto, por no compensar a los indios perjudicados por la polémica obra, informó hoy el Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Pará.
La Justicia Federal de Altamira determinó el lunes la interrupción de la licencia de Belo Monte, una enorme construcción en medio de la Amazonía, hasta que el Gobierno brasileño y la compañía cumplan con la obligación de reestructurar la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) en la región para atender a los indios perjudicados.
En enero de 2015, la Justicia emitió una medida cautelar con la que ordenó a la empresa presentar en el plazo de 60 días un plan de reestructuración que incluyera la construcción de una sede propia para la Funai, así como la contratación de personal suficiente para atender las demandas generadas por la obra.
Según la Fiscalía, ni el Ejecutivo ni la firma han presentado todavía dicho plan, por lo que la juez María Carolina Valente do Carmo decretó la suspensión de la licencia para "garantizar las condiciones necesarias al acompañamiento de la implementación de las demás medidas y condicionantes relacionadas al componente indígena".
En noviembre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) autorizó que Belo Monte comenzara a operar pese a que los técnicos del organismo admitieron que Norte Energía había ignorado las exigencias ambientales y de protección de las comunidades indígenas afectadas.
El organismo emitió la licencia a cambio de que la empresa se comprometiera a tomar medidas al respecto.
No obstante, de acuerdo con la magistrada, "en lugar de un reestructuración (...) se desestructuró la Funai", situación que "agrava los impactos que Belo Monte provoca sobre los pueblos indígenas, abandonados a su propia suerte, lidiando directamente con directivos de Norte Energia S.A. que pasan a actuar como si fueran el Estado".
Tras ser notificado, el Ibama tiene un plazo de cinco días para paralizar el proceso de inundación en el que se encuentra el reservorio, que una vez en marcha habría de convertirse en la tercera mayor hidroeléctrica del mundo.
Erguida en medio de la mayor selva tropical del mundo, sus obras fueron paralizadas en varias ocasiones por huelgas de obreros insatisfechos con las condiciones de trabajo y por protestas de manifestantes que se oponían a su construcción.
La hidroeléctrica comenzó a levantarse en marzo de 2011 en Altamira, localidad del norteño estado brasileño de Pará, con la resistencia de indios, agricultores, pescadores y ecologistas, preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía, que exigió el desplazamiento de entre 16.000 y 25.000 personas. EFE
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