Triste final

Entre el 2014 y el 2015 trece personas defensoras de derechos ambientales y derechos indígenas grupo fueron asesinadas por sicarios. Por si fuera poco, entre los años 2011 y 2015 las mafias que operan en el sector de la construcción asesinaron a 15 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), por oponerse a la extorsión de empresarios y trabajadores. Además dos dirigentes fueron acribillados, y aunque lograron salvar su vida, siguen amenazados de muerte.

La semana pasada la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. Y denunciaron, porque pese a que todas estas muertes fueron precedidas por denuncias de las mismas víctimas sobre las amenazas que recibían, sobre el riesgo inminente que corrían, igual fueron asesinadas, y el Estado no hizo nada para protegerlas y así evitar que las mataran.

Como si cada una de estas muertes fuera una crónica anunciada, pues a la fecha no existen mecanismos adecuados y suficientes por parte del Estado para proteger a las y los defensores de derechos humanos. No hay medidas de prevención ni de protección. Por si fuera poco casi todos estos crímenes siguen impunes.

Uno de los pocos casos donde hay sentencia, fue una burla para la familia de la víctimas, me refiero al caso de Hitler Ananías Rojas, opositor a la construcción de represas en el río Marañón -proyecto hidroeléctrico Chadín II de la empresa Odebrecht,  quienfue asesinado el lunes 28 de diciembre de 5 balazos por desconocidos en Yagén, Cajamarca.Pocos días después del crimen, uno de los asesinos, se entregó y dijo que mató a Rojas en defensa propia. Pese a que la Fiscalía sostuvo en el proceso penal que este asesinato se cometió con crueldad y alevosía, el Poder Judicial automáticamente le creyó al asesino. Lo condenó por homicidio simple con la más baja pena contemplada en el Código Penal, 6 años de cárcel y al pago de una reparación económica de 30 mil soles. Es decir, cuando hay justicia, esta es tan absurda que termina siendo una burla.

Esta grave situación viene siendo perpetrada directamente por agentes no estatales; sin embargo, el Estado peruano no tiene a la fecha una política pública ni programas especializados que cumplan con los estándares internacionales para la protección de la vida e integridad de personas dedicadas a la defensa de los derechos. Fue demasiado simbólico, que una hora antes estuviera sentado en la misma sala el Ministro de Justicia y Derechos Humanos exponiendo sobre una política pública de su gestión; sin embargo, cuando tocó hablar de los defensores asesinados no estuvo presente. ¿No es importante acaso la vida de personas que son asesinadas por ejercer la defensa de los derechos, ya sean sindicales, ambientales o de los pueblos indígenas? ¿Por qué si había viajado hasta tan lejos, no pudo el ministro quedarse a escuchar esta grave situación?

Se expuso claramente como al no existir un mecanismo de protección, son las y los defensores quienes tienen que asumir los gastos de protección policial. Por esta razón, estas organizaciones solicitaron que el Estado peruano desarrolle un registro efectivo de trabajadores de construcción civil para formalizar el sector y prevenir el registro de organizaciones criminales; que se avance en una política pública de reconocimiento de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos; y que se implemente un mecanismo de protección.

El Estado peruano anunció en esta audiencia la creación de un protocolo aprobado mediante Resolución Vice-Ministerial el pasado 6 de abril (dos días antes de la audiencia), para garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país.  A la fecha seguimos esperando que se haga público este protocolo, ya que aún no lo conocemos. Sobre el registro de sindicalistas y cómo hacer para que no se sigan infiltrando delincuentes en pseudo sindicatos, no se dijo nada.

Tal como hicieron con la demanda de las mujeres esterilizadas forzadamente, repitieron su modus operandi, no implementaron una política pública integral de reparación, que era lo que demandan las víctimas, tan solo abrieron un registro. Ahora repiten la jugada, no se atreven a implementar un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, solo aprueban un protocolo.

Y así, cierra el gobierno de Ollanta Humala, su actuación en la defensa de los derechos humanos, de manera anodina, haciendo anuncios en el extranjero sobre un protocolo que no se hace público en nuestro país, y menos frente a las personas afectadas. Pasos demasiado chiquitos para lo que se necesita, porque acá no se necesita un protocolo para la protección de defensores; sino una política pública integral, un mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Pero ellos quieren que nos contentemos con poca cosa. Como si se tratara de grandes logros, pero no lo son.

No se dan cuenta, o no se la quieren dar, que con estos avances tan limitados lo que han logrado es abonar el camino para que en el próximo gobierno la defensa de los derechos humanos sea aún más dura y peligrosa. Triste final.

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