Reporte de Conflictos Diciembre 2007 - Junio 2008

Jueves, 1 Febrero, 2007
Lagunas de Alto Perú

RESUMEN

El asesinato de dos pobladores en distrito de Chugur es una señal del incremento de la violencia en esta región.

Las afectaciones sobre la calidad y cantidad de agua continúan generando tensión entre pobladores y Minera Yanacocha, siendo el tema del agua un asunto sin resolver.

Autoridades, líderes y pobladores de Santa Cruz continúan expresando cada vez con mayor interés su oposición al proyecto minero La Zanja.

La tensión producida entre los pobladores de Bambamarca y las empresas mineras Gold Fields La Cima y Coimolache S.A. por el uso de los recursos hídricos muestran que los nuevos emprendimientos mineros aun no han aprendido las lecciones que han dejado durante estos últimos años los conflictos por el agua. Por otra parte la institucionalidad existente para la gestión del agua muestra su ineficiencia para resolver este tipo de conflictos, contribuyendo a la idea de que la actividad minera resulta incompatible con otras actividades económicas y permanentemente generadora de conflictos.

Expresiones cada vez más claras de criminalización de la protesta social contribuyen a la polarización y agudización de los conflictos existentes. Aunque este período trae consigo la inédita orden de captura a funcionarios de una empresa minera (Miski Mayo, subsidiaria de Vale do Rio Doce) por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio simple en grado de tentativa contra dos pobladores del área de influencia del proyecto minero “La Morada”. Miski Mayo no ha respondido ni a esta ni a otras denuncias entre las que se encuentra la formación de “cuadros de defensa” armados o la contratación de ex terroristas y narcotraficantes como parte de su “sistema de seguridad”, siendo en la actualidad la empresa minera más cuestionada de la región.

La intoxicación de trabajadores de la mina Colquirrumi, coloca nuevamente en la mirada pública los escasos estándares de seguridad.

La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sienta un precedente negativo, pues en cierto modo asegura que cualquier negociación extrajudicial puede ser válida incluso si vulnera el derecho a la salud o a la vida.

El uso del agua sigue originando conflictos entre la empresa Minera Yanacocha y los campesinos que habitan en las zonas aledañas a las operaciones mineras. Más allá de las campañas mediáticas de la empresa, cuyo tema principal ha sido en este período la construcción del Reservorio San José, el cual pretende ser presentado como una obra que contribuye al desarrollo local cuando en esencia se trata de una obra de mitigación para los impactos producidos por las operaciones mineras que dejaron sin agua a los canales Llagamarca, Encajón Collatán, Tupac Amaru y Quishuar, quienes serán los principales “beneficiarios” del Reservorio San José.

Por otra parte los campesinos denuncian con mayor frecuencia los excesos cometidos por la policía al intentar reprimir movilizaciones de protesta. El pedido de la fiscalía que pretende condenar a 36 campesinos a 6 años de cárcel y al pago de 5000 soles muestra que la institucionalidad pública interviene en los conflictos de manera reactiva y no pro activa agudizando el clima de tensión en lugar de plantear vías de solución dialogada.

Las autoridades, líderes y población consolidan una postura contraria a las actividades mineras, es el caso de San Ignacio y Huangamarca. Aunque se expresan de diferente manera, en San Ignacio mediante declaraciones públicas y en Huangamarca pidiendo se declare un “área intangible para la explotación minera”.

Es preocupante la falta de interés por parte de las autoridades en solucionar los reclamos de los pobladores de Choropampa. Teniendo en cuenta que un reciente Informe del Ministerio de Salud elaborado luego de una visita de campo entre los días 25 – 27 de Marzo de 2008, muestra que en Choropampa de 18 casas monitoreadas 7 tienen presencia de Mercurio sobre los límites máximos establecidos por la EPA. Lo que significa que la población continúa expuesta, incluso después de ocho años, a niveles elevados de contaminación.

Minera Yanacocha interpone recurso de nulidad a Ordenanza Municipal que declaraba Área de Protección Municipal la Zona de las Lagunas del Alto Perú, emitida por la Municipalidad Provincial de San Pablo.

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