Reporte de Conflictos Junio 2008 - Octubre 2008

RESUMEN

Son muchos los cambios e impactos producidos por la industria minera en Cajamarca, uno de los más profundos esta relacionado con la forma en la que se toman las decisiones sobre del territorio, de manera inédita las decisiones están cada vez más distantes de las poblaciones, organizaciones y autoridades locales, de hecho los eventos recientes muestran que el destino de un páramo está más vinculado a intereses dentro del sistema financiero global que a la decisión que un municipio provincial pueda tomar en su intento por proteger un ecosistema frágil. En este periodo se conjugan no sólo los conflictos y tensiones locales sino se presentan junto con ellos dos eventos el primero, la crisis financiera global y sus efectos en sectores clave de la economía nacional por su puesto afectará al sector minero con la posibilidad de postergación del inicio de algunos proyectos principalmente de asociados a empresas junior, no es el caso por su puesto de los proyectos auríferos, aunque el comportamiento de los intereses Chinos reprensados en Cajamarca por la mina de cobre Galeno (Jiangxi Copper) podría tener un comportamiento diferente.

El segundo evento ha colocado en el debate nacional los subrepticios métodos usados para favorecer intereses relacionados con las industrias extractivas en este caso de Discover Petroleum en la adjudicación de cinco lotes de explotación en el territorio peruano, la industria petrolera se convierte esta vez en el ejemplo de relaciones turbias y actos de corrupción que involucran altos funcionarios del Gobierno. En este contexto es pertinente tener en cuenta cómo a finales de los noventa la empresa Newmont, propietaria de Yanacocha (Cajamarca), logró el control de dicha mina con ayuda de Lawrence Kurlander, en ese tiempo el número tres de Newmont quien no dudó en recurrir a los favores de Vladimiro Montesinos, en este caso las responsabilidades no se han establecido hasta la fecha y los medios de comunicación guardaron en su momento y continúan guardando hoy silencio.

Ya sea en el caso de los manantiales que afectan Porcón Bajo o los que afectan al canal de La Ramada se repiten dos factores similares, la autoridad de agua (dependiente del INRENA) que autoriza el uso de las fuentes a la empresa minera tiene mínima relación con la zona, es extremo el caso en que los permisos son otorgados por la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) del Alto Jequetepeque con cede en La Liberad. Por otro lado la empresa minera ensaya una justificación insólita, a saber, la empresa hace “uso doméstico del agua”, este ardid semántico es aceptado por los funcionarios del INRENA sin mayor análisis otorgando permisos que afectan a cientos de pobladores. Al parecer la autoridad de agua no tendría un análisis mínimo de estado de la oferta y demanda del sistema hídrico que gestiona, mucho menos claridad sobre el impacto y alcance de sus decisiones, en este contexto no se pueden descartar actos de corrupción que deben ser investigados. La institucionalidad actual para la gestión del agua es además de ineficiente, injusta y por tanto fuente de permanentes conflictos, es una prioridad su transformación. Siendo un paso inicial la realización de auditorias técnicas y económicas a las ATDRs. El caso de la Shacsha en Baños del Inca conduce a conclusiones similares respecto a la ATDR de Cajamarca.

Las declaraciones del Director de la entidad gubernamental encargada de la Salud Ambiental en Cajamarca sobre el estado de dos de los principales ríos de la región, debe ser entendida como una alerta sobre la que es necesario tomar medidas concretas. Las cabeceras de las cuencas de los ríos LLaucano y Crisnejas son impactados por actividades mineras, situación consistente con la presencia de metales como el Cianuro, Arsénico, Plomo, y Cobre. Programas de monitoreo de mayor alcance geográfico y temporal deben ser implementadas en el corto plazo así como investigaciones sobre el impacto actual de la contaminación en la salud de las personas y sus medios de vida.

La absolución por parte de los Vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de uno de los acusados por la muerte del líder ambientalista Esmundo Becerra Cotrina, ha contribuido a la sensación de impunidad, no tanto por la absolución misma, que será impugnada, sino por el echo que luego de tanto tiempo la justicia aún no ha encontrados culpables en este caso. Esmundo Becerra Cotrina era uno de los principales opositores a la expansión de Minera Yanacocha.

Singular fue la solicitud de efectivos policiales de la División de Unidades Especiales quienes exigieron el pago de la bonificación que les fue ofrecida por “brindar seguridad” a la audiencia pública de la Zanja. El hecho sería sólo anecdótico si no hubiera planteado la pregunta ¿Para quién trabaja en última instancia la policía?, sobretodo en un contexto de tensión social. En el caso Combayo las investigaciones apuntaban a que el asesinato de Isidro Llanos ocurrió a manos de un policía que ese día “brindaba seguridad” a la Minera Yanacocha. La muerte se Isidro Llanos aun no aclarada, ni tampoco queda claro a quien da cuentas un oficial que “brinda seguridad” a una empresa minera.

La agresión contra Walter Barbosa miembro de la Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente de Bambamarca por parte de Silverio Bautista en la vía pública y con testigos muestra la magnitud de la campaña de intimidación contra cualquiera que se oponga a la actividad minera y la abierta impunidad de sus operadores. El líder ambientalista fue atacado cuando se dirigía a exponer sus observaciones al proyecto cuprífero Coimolache (propiedad de la Compañía de Minas Buenaventura) que ha recibido varios cuestionamientos de la población local. Una de los cuestionamientos es la limitada participación que fue permitida durante la audiencia de presentación del Estudio de Impacto Ambiental EIA de la mina a inicios de Octubre. A la asamblea también asistieron 500 efectivos policiales, entre ellos 200 de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES). La empresa también ha sido acusada de presionar a los campesinos para venderle sus tierras, el hostigamiento contaría con el apoyo de miembros de la policía. La presencia de los proyectos de Buenaventura tampoco es bien recibida por la pobalción en otras zonas de la región como Santa Cruz y San Miguel.

El hecho que El juzgado Mixto de Santa Apolonia - Cajamarca, abriera proceso a las empresas Activos Mineros S.A.C y Anglo American Michiquillay S.A, al acoger una demanda presentada por la comunidad campesina de Michiquillay, en donde exigen la nulidad del contrato de concesión, por irregularidades en ese acto jurídico es el resultado de realizar procesos de negociación con las comunidades que no incluyen a todos los interesados.

El derrame de Nitrato de Amonio en la carretera a Cajamarca es una clara señal de alarma sobre las peligrosas prácticas de transporte de sustancias tóxicas. Es evidente que no se ha disminuido sustancialmente el peligro que implica el transporte permanente de químicos ni se ha hecho todavía nada por disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. Aun no se aprendió nada de la tragedia de Choropampa cuyas repercusiones continuan afectando a la población local.