El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas y Grau, y los enfrentamientos entre policías y comuneros persisten.
El último viernes informamos sobre el paro indefinido en las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) que iniciaron las comunidades campesinas y organizaciones sociales en protesta contra el proyecto minero Las Bambas. Anteriormente, durante su presentación en Perúmin32 (Arequipa), Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de MMG Limited, dijo que este proyecto minero se iba a ejecutar de todas maneras durante el primer trimestre del 2016. Sin embargo, la población ha mostrado su rechazo.
Este martes se han reportado cuatro muertos por la protesta contra la minera. Los comuneros estaban reunidos, fueron interceptados por los policías, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas, y luego recibieron balazos que provocaron los heridos y muertos.
En LaMula.pe, compartimos datos importantes sobre este proyecto que ha generado este conflicto socio-ambiental:
1.- La compra de Las Bambas y sus modificaciones
Este proyecto de cobre, ubicado en Apurímac, prevé una extracción de 6,9 millones de toneladas de cobre (450 mil toneladas de cobre anuales).
En mayo del 2013, se concretó la fusión entre Glencore y Xstrata. Como parte de las reglas antimonopolio de China, se le puso como condición a Xstrata que venda el proyecto de cobre Las Bambas. En abril del 2014, se confirmó que la empresa china MMG Limited compró el proyecto por US$ 7 mil millones. Con esta transacción, se hicieron modificaciones en el proyecto.
2.- Modificatoria del EIA sin consulta previa
En su plataforma de lucha, los manifestantes afirman "desconocer la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental por carecer de sustento legal y social". En este sentido, exigen que dicha modificación sea puesta a consulta previa, ya que se trata de comunidades campesinas.
Cuando se conocieron los nuevos dueños de la mina, Noticias SER mostró su preocupación al respecto. "Es imprescindible que los nuevos dueños de Las Bambas garanticen plenamente el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y localidades que se encuentran en las zonas de impacto, así como el respeto a los acuerdos que se han logrado hasta la fecha. Y sobre todo, que el Estado este muy atento a hacer respetar los estándares ambientales y laborales que la ley señala. Y que cualquier cambio de gran magnitud pase por la necesaria revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto", sostuvo en su editorial.
Al respecto, debemos señalar que el artículo 7 de la Ley N° 29785 (Ley de Conslta Previa) indica los criterios para identificar a los pueblos indígenas y se señala que "las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo".
Y los criterios objetivos están basados en la descendencia directa de poblaciones originarias, la permanencia de estilos de vida y vínculos históricos con el territorio, "patrones culturales y modos de vida distintos a los otros sectores de la población nacional". "El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria", indica la norma.
3.- El retiro de la planta de molibdeno y el mineroducto
Las comunidades también piden el retiro de la planta de molibdeno, ya que la consideran "altamente contaminante" para el medio ambiente y la salud. El molibdenita es uno de los minerales principales con valor económico del proyecto. Originalmente, estaba planeada la construcción de un mineroducto en Espinar. Pero con los nuevos dueños, se canceló esto y se decidió que los minerales (450 mil toneladas) sean trasladados en camiones por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades campesinas.
4.- Inclusión de las comunidades
A la exigencia de que sean consultadas por la modificación al EIA, las comunidades también piden ser incluidas en la zona de influencia del proyecto minero. Se trata de las comunidades que se encuentran dentro de la Línea de Transmisión Eléctrica (Grau) y la Vía de Transporte de Carga Pesada de los distritos de Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca.
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En junio pasado, David Montoya, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se mostró optimista por la supuesta viabilidad de Las Bambas.
"Ahí se formaron 5 mesas, de las cuales 4 están cerradas porque ya han ido viceministros a firmar con las comunidades todos los puntos de acuerdo. La única mesa que no se ha cerrado es la que se llama de responsabilidad social, que es con la minera directamente", dijo.
Al parecer, el Ejecutivo no esperaba esta protesta, a pesar de que fue anunciada con anterioridad. Si el Estado y la empresa no atienden sus demandas, las comunidades afirman que no permitirán que el proyecto se ejecute. "Las Bambas no va", advierten.
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