Escribe: Antonio Zapata
La semana pasada la cuestión minera ha vuelto a estremecer el país, debido a los graves disturbios en Las Bambas-Apurímac, donde un nuevo conflicto social ha costado muertos, heridos y numerosos detenidos. Así, tres grandes proyectos mineros han suscitado crisis de envergadura en este gobierno: Conga, Tía María y ahora Las Bambas, evidenciando la continuidad del conflicto irresuelto entre agricultura y minería. Ninguno de los dos primeros ha entrado en operación y este tercero estaba a punto de comenzar, pero esta crisis amenaza con paralizarlo.
Aunque la zona tiene una antigua vocación minera; por ejemplo, Chabuca Granda había nacido ahí porque su padre estaba trabajando en minería durante los años 1920. Asimismo, la agricultura es pobre porque se trata de una puna árida. En esta zona, la empresa suiza Xtrata obtuvo la autorización para trabajar y tras muchas tratativas logró la licencia social, habiendo aprobado su estudio de Impacto Ambiental, EIA.
El EIA aceptado por la población contemplaba el traslado del mineral a través de un ducto subterráneo, que lo llevaría hasta la provincia cusqueña de Espinar, donde sería refinado. Asimismo, en esa provincia estarían instaladas las plantas de refinamiento, puesto que se ha formado un clúster industrial para minería.
Pero, poco después, Xtrata vendió el proyecto de Las Bambas a la estatal china MMG Limited. Esta operación fue consecuencia de negociaciones internacionales que concluyeron con la presencia oriental en Apurímac. A partir de entonces crecieron considerablemente las tensiones con la población local, porque la actuación de los suizos había sido algo más tranquila, aunque no exenta de problemas con las comunidades.
La crisis actual obedece al cambio de ciertas condiciones básicas del proyecto minero, sin la obtención de una nueva licencia social. Para empezar, ya no habrá ducto subterráneo para trasladar el mineral, sino que el trasporte será a través de 125 camiones que diariamente acarrearán cincuenta toneladas cada uno. Para todo esto, la carretera no está asfaltada y lo que antes era una vía segura para la gente de la zona, ahora será un infierno cotidiano por la presencia de enormes vehículos pesados levantando polvo y desplazándose a toda velocidad.
Ese cambio modifica completamente las condiciones ambientales y debería haber obligado a un nuevo trato con la población. Pero no. Una argucia legal ha permitido el entendimiento entre el Estado peruano y la empresa china para modificar el proyecto sin consulta.
No es el único cambio. Además, la planta de refinamiento que antes estaba planeada en Espinar ahora estará localizada en el mismo sitio de Las Bambas. Otra vez un cambio fundamental y nuevamente realizado tras bambalinas con total prescindencia de la población. El ex viceministro de minería Pedro Gamio ha declarado en El Comercio que estos cambios son un error porque empeoran sensiblemente las condiciones ambientales.
Entonces, ¿qué está en juego? Acaso se trata de una postura antiminera por principio, como denuncia el presidente de la Sociedad de Minería. No. La gente no es tonta. Si la empresa ofrece beneficios para todos, su operación es bienvenida. Pero no se puede engañar, porque ya hemos superado una etapa de ignorancia que hasta ayer permitía muchos abusos. Ahora hay mayor conciencia y las comunidades conocen que no se pueden cambiar los proyectos sin consulta.
Además, desde enero de este año los dirigentes locales habían planteado la queja, sin recepción alguna por parte del Estado. Al momento de escribir esta nota se ignora si lograrán instalarse las mesas de diálogo, porque el gobierno ha ninguneado a los dirigentes sociales y solo quiere conversar con los alcaldes.
En el Perú de hoy, ese desprecio por la gente es lo caduco y si se busca desarrollar el capitalismo, los empresarios deben aprender a respetar a la población local, porque de lo contrario generan incendios que los gobiernos ineptos suelen transformar en explosiones.
Diario La República
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