Reporte Conflictos Noviembre 2008 - Mayo 2009

RESUMEN

Los vacíos en las políticas ambientales del sector público y un marco normativo inapropiado son causas subyacentes de las tensiones y conflictos provocados por la actividad minera en Cajamarca. Minera Yanacocha fue el primer proyecto desarrollado como consecuencia directa de las políticas y normas implementadas como parte del proceso de reforma del estado iniciada en los años noventa. Un impacto de esta reforma paradójicamente ha sido el debilitamiento del propio sector público en sus capacidades tanto para gestionar las previsibles transformaciones ambientales y sociales como para asegurar el respeto de los derechos de las poblaciones afectadas. Derechos fundamentales que no sólo son la base del bienestar, sino requisito de cualquier estrategia de desarrollo.

El caso del desastre causado por el derrame de mercurio en Junio del año 2000 ilustra varios de los elementos señalados. La sustancia tóxica era transportada siguiendo un protocolo inadecuado establecido por la propia Minera Yanacocha, el procedimiento no es regulado ni supervisado por el sector público. Que cada empresa determine su propio procedimiento es una política altamente ineficiente como lo demuestran los últimos accidentes causados por la empresa minera Gold Fields, para esta empresa el transporte de concentrado es uno de los principales procesos en su sistema de producción y la tasa actual de accidentes no es un indicador positivo.

Cuando las víctimas del derrame de mercurio acudieron a los centros de salud pública, inicialmente no fueron atendidos. Esta situación se repite sistemáticamente cada vez que un ciudadano hace una denuncia o queja sobre un impacto de la actividad minera, sean cambios en la calidad o cantidad de agua, trafico de tierras, estrategias de intimidación, agresiones, afectación a la salud de las personas, hasta policías que se quejan del incumplimiento de pago por los cuestionables “servicios de seguridad” que prestan a las empresas. La percepción de que existen actos de corrupción se incrementa cuando luego de algún tiempo funcionarios que no atendieron los reclamos de la población o trataron de minimizarlos se integran al cuerpo laboral de alguna empresa minera. La denuncia por irregularidades contra la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) realizada por en Gobierno Regional ante la Autoridad Nacional del Agua permitirá valorar la capacidad de esta nueva institución en el control de un recurso crucial para las poblaciones. Funcionario de la ATDR se habrían benficiado al otorgar permisos por el uso de agua.

Luego de repetidos intentos frustrados de encontrar salidas institucionales a las quejas, reclamos o inquietudes, la población ha recurrido a la protesta y a los medios de comunicación. Durante las protestas los ciudadanos se reencuentran con el estado, esta vez para reprimirlos y restaurar “el orden público”, luego para ser denunciados por el sistema de justicia que exigirá condenas superiores al homicidio calificado por haber tomado una vía o haber “secuestrado” a policías o miembros de seguridad de las empresas mineras. Este patrón se repite de modo recurrente en el caso de los comuneros de Combayo, de los campesinos de Porcón, de las autoridades y líderes del Valle de Condebamba o dirigentes ronderos en Santa Cruz, en general de cualquier reclamo colectivo. El caso de los líderes y autoridades del Valle de Condebamba es particular pues serán judicialmente condenados por haber denunciado mediante una marcha, entre otras cosas, las malas prácticas de la empresa Miski Mayo la cual había contratado a delincuentes para amedrentar a la población. Funcionarios de la empresa también fueron denunciados por intento de asesinato. El poder judicial a la fecha no ha sentanciado a ningún funcionario ni trabajador de la empresa.

La situación es más compleja cuando se trata de reclamos individuales, por ejemplo frente al tráfico de tierras. Es actualmente una práctica frecuente en los proyectos mineros asegurar la propiedad de los terrenos donde el proyecto se desarrollará, de esta manera se evitan los “conflictivos” programas de ex propietarios y de hecho se apela a la propiedad privada para decidir el uso del suelo que junto con la concesión del subsuelo ya obtenida del estado central aseguran a la actividad minera uno de sus recursos principales. Este esquema además de generar desplazamiento de poblaciones campesinas, permitirá la privatización de amplias zonas del territorio regional, muchas de ellas ecosistemas frágiles o generadoras de servicios ambientales (como las Lagunas de Alto Perú en San Pablo). Las empresas quedarán en libertad de restituir o no el daño ambiental de los territorios que controlan completamente. El caso de la comunidad El Tingo es también un ejemplo de maniobras para facilitar la compra de tierras por parte de las empresas mineras.

En el mejor de los casos el sector público propiciará el “diálogo” entre la empresa y la población local. Diálogo que generará acuerdos privados cuyo cumplimiento quedará a voluntad de las partes. Muchos de estos acuerdos han sido frecuentemente incumplidos generando a su vez nuevos conflictos. Peor aun se han registrado casos de acuerdos extrajudiciales que son ampliamente violatorios de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la salud en los afectados por el derrame de mercurio. Las poblaciones locales se enfrentan así a los intereses corporativos empresariales en una situación desventajosa y grotescamente asimétrica.

La asimetría no se produce solamente frente a las poblaciones rurales o pequeños gobiernos locales. La actuación institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a puesto también en evidencia su incapacidad para defender los intereses de la población en la arena de la justicia norte americana.

El 24 de Mayo el Alcalde de Cajamarca con el respaldo del Consejo Municipal firmó un acuerdo resolutivo que concluye el caso de arbitraje número 02-CV-4275 seguido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca versus la empresa Newmont (Minera Yanacocha) en el centro de conciliación Grupo de Arbitros Judiciales Inc. en Denver. Se trata también de un acuerdo extrajudicial promovido por los abogados de las partes quienes prefirieron plantear un “acuerdo resolutivo” previo a la “sentecia definitiva” del propio grupo de árbitros.

El caso concluye con la aceptación de un monto de 3 Millones de Dólares que será pagado a la Municipalidad Provincial de Cajamarca por la afectación sufrida por el derrame de mercurio pero la municipalidad acepta que ya no tendrá opción de iniciar ninguna nueva acción contra la empresa por este tema. Del monto asignado más del 40% servirá para pagar los “gastos” del estudio de abogados Podhurst, Orseck y Asociados en Miami, Florida y de sus asociados nacionales Gabriel Larrieu Bellido, Yalile García, entre otros. De esta manera la Municipalidad tomo finalmente una decisión contraria a la que había tomado semanas antes de no firmar el acuerdo atendiendo los reclamos de los afectados. Regidores de la municipalidad reconocieron que respaldaban el acuerdo sin conocer toda la información necesaria y actuaban bajo presión del estudio de abogados Podhurst, Orseck quienes en una carta enviada sugerían la posibilidad de que si el acuerdo no era firmado la Municipalidad sería contra demandada.

La población afectada por el derrame a iniciado nuevas medidas de protesta como movilizaciones y toma de carreteras. El malestar se agudiza por la evidencia de impactos en la salud como el caso del fallecido alcalde de Choropampa Vicente Zárate Minchán que según exámenes realizados por el Servicio de Toxicología Forense del Instituto de Medicina Legal (dictamen pericial 2008-002051715) tenía en el organismo concentraciones de Mercurio y Plomo, o de Rosas Álvarez Leiva internado de emergencia en el Hospital Regional de Cajamarca en Enero quien también tendría elevados niveles de mercurio según versiones de los familiares. Además un Informe del Ministerio de Salud de Marzo de 2008 muestra que de 18 casas monitoreadas 7 tienen presencia de Mercurio sobre los límites máximos establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency).

El escaso nivel de control ambiental gubernamental también se hace evidente cuando colapsan las obras de remediación de los pasivos ambientales del ex Banco Minero en Hualgayoc, la ineficiencia de la empresa encarda causo un accidente que liberó miles de metros cúbicos de aguas contaminadas al río Hualgayoc-Arascorgue, afluente del río Llaucano.

En este contexto de nuevos actores empresariales aparecen en la región:

• Lumina Copper SAC, con capital Chino desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto Galeno además de una intensa y controvertida campaña de compra de tierras. La empresa ha recibido críticas de la Municipalidad de Celendín.

• Miski Mayo (Vale) ha intentado reiniciar trabajos de exploración en la zona de San Marcos, con la opocisión de la población local, quienes además denuncian que la empresa estaría intentando comprar tierras mediante “intermediarios” configurando un esquema de tráfico de tierras.

• La empresa Canadiense Sulliden Exploration Inc. toma el control de los denuncios mineros ubicados en Algamarca luego de superar las controversias con la Compañía Minera Algamarca Surge la preocupación por el estado de los mineros informales que tienen actualmente control de una gran parte del área mineralizada quienes han solicitado su formalización. El tema esta abierto y se configura un conflicto latente. La actividad minera informal fue inicialmente promovida por la propia Compañía Minera Algamarca, que además de proveer insumos facilitaba el desplazamiento de pobladores como una forma de asegurar dominio sobre el territorio.

• Comuneros de la Encañada denunciaron que la empresa Minera Anglo American ha falsificado firmas para hacer parecer que los pobladores y líderes del distrito aceptan la actividad minera. Las firmas que figuran en el denominado “Acuerdo Social" que fue presentado por la empresa minera ante el estado peruano y sus propios accionistas son falsas según el peritaje grafotécnico (EXAMEN PERICIAL DE GRAFOTECNIA FORENCE Nro 026-2009) encargado por la Fiscalía Mixta de Baños del Inca en atención a la denuncia penal presentada por los afectados.