Durante la próxima década la región Cajamarca estará marcada por un nuevo proceso de expansión minera, el proyecto Conga de Minera Yanacocha es un hito inicial de este período. Conga formará parte del complejo minero Yanacocha. El proyecto ocupará un área mayor a 2000 hectáreas en zonas de páramo, donde actualmente existen lagunas, bofedales y zonas de recarga hídrica que serán destruidas. En varios sentidos, similar a los actuales proyectos de Yanacocha, Conga es en esencia una mina a tajo abierto de cobre, oro y plata que planea procesar 504 millones de toneladas de mineral con una remoción estimada de 1085 millones de toneladas de roca, a una tasa de 92000 Toneladas por día. Algunas particularidades del proyecto Conga son la necesidad de instalar una planta chancadora, la necesidad de depósito de relaves, y el hecho que los concentrados serán transportados a un puerto de la costa para su exportación, inicialmente en camión pero se ha planteado también la construcción de un ferrocarril.
El proyecto Conga presentó su estudio de impacto ambiental a fines de marzo, días antes campesinos del caserío Aliso Colorado se enfrentaban a la policía en medio de una manifestación que denunciaba el incumplimiento de acuerdos por parte de Minera Yanacocha. Lo mismo ocurría con comuneros del caserío de Llagamarca quienes el 26 de Abril protestaron también por el incumplimiento de acuerdos y las afectaciones a fuentes de agua.
El 02 de Junio del presente año, se cumplieron diez años del derrame de mercurio que afectó a las poblaciones de Choropampa, San Juan y Magdalena, el Ministerio de Salud ha reportado aún presencia de mercurio en casas muestreadas y los pobladores afectados continúan denunciando daños en la salud sin respuestas consistentes ni de las autoridades ni de la empresa minera. Se han incrementado también las denuncias contra Minera Yanacocha por despidos arbitrarios como el caso de ADECCO, algunos casos están siendo tratados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Por otro lado, el contexto institucional no ha cambiado desde inicios de la década de 1990. Los factores que han generado conflictos, permitido la violación de derechos humanos y contribuido al deterioro del ambiente en la región continúan vigentes. Así, no existen sistemas institucionales de monitoreo de la calidad ambiental, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, no tiene competencias para aprobar los estudios de impacto ambiental. No existen mecanismos de consulta a las comunidades locales. Los proyectos mineros se aprueban sin tener en cuenta el ordenamiento territorial. Las capacidades de gestión y fiscalización ambiental de los gobiernos locales y regionales no han sido sustancialmente fortalecidas. No existen mecanismos que cubran las compensaciones por posibles accidentes o impactos ambientales. En este contexto, organizaciones y pobladores de Celendín han mostrado ya su preocupación y en algunos casos oposición al proyecto minero Conga.
Las leyes laborales tampoco han cambiado a favor de los trabajadores. Las leyes que si han cambiado son las que criminalizan la protesta social.
Bajo las nuevas leyes que criminalizan la protesta social, se pretende nuevamente juzgar a 11 líderes ambientales por haber participado en protestas en Agosto del 2007, solicitando la intervención de las autoridades ante los abusos que cometía la empresa Miski Mayo subsidiaria de Vale Perú. También fué detenido el 02 de Febrero a Oscar Romero Malca, presidente del Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz, cuando se dirigía a una reunión con parlamentarios en el Congreso. La detención se debió a una requisitoria pendiente por incidentes ocurridos el año 2004, en protestas contra el proyecto minero La Zanja (Grupo Buenaventura)
El estado peruano favorece también el incremento de la actividad minera, imponiendo el régimen de servidumbre sobre tierras de comunidades campesinas. Es el caso de Comunidad Campesina “El Tingo” ubicada en el distrito de Hualgayoc, a la cual mediante Resolución Suprema N° 080-2009-EM, se impone servidumbre minera a favor de Minera Coimolache S.A (Grupo Buenaventura)
Las Mesas de Diálogo parecen ser la única estrategia consistente desplegada desde Ministerio de Energía y Minas. Su eficacia es muy limitada como en el caso de la Mesa instalada en la provincia de Hualgayoc, la cual ha sido repetidas veces postergada y aún no ha generado ningún acuerdo estable. Continúan, sin embargo, las denuncias de pobladores sobre rajaduras de viviendas ocasionadas por las explosiones que realiza la empresa minera Gold Fields – La Cima en Hualgagoy.
Se han registrado enfrentamientos entre pobladores de las comunidades aledañas al proyecto minero “El Galeno” (Lumina Copper) y la policía, los pobladores protestaban por el ingreso no autorizado de personal de la empresa a sus terrenos. Los enfrentamientos dejaron al menos cuatro pobladores heridos de gravedad.
La Federación de Rondas Campesinas del distrito de Cospán denunció a la empresa Explomina Perú Santa Ana S.R.L., por impactos producidos durante actividades de exploración, aún no existe un informe oficial.
Trabajadores de minera La Zanja y comuneros de Santa Cruz tomaron la carretera de acceso al yacimiento minero, exigiendo mejoras salariales y el cumplimento de acuerdos.
Un grupo de empresarios bloquearon el camino de acceso a la operación de minera Cerro Corona, perteneciente a la empresa Gold Fields la Cima S.A, con el fin de que la empresa minera cumpla con sus compromisos.
Fueron denunciados, por el Fiscal de Prevención del Delito Guillermo Vargas Cerna, 47 de 350 mineros informales de Algamarca, plenamente identificados, por el delito contra la ecología en su modalidad de contaminación del medio ambiente.
Un periodista denunció haber sido agredido de manera violenta por un trabajador de la empresa minera Yanacocha, mientras cubría la protesta que protagonizaban extrabajadores de ADECCO.
En el marco de la investigación sobre audios relacionados con el caso Business Track, encontrados en las computadoras de Elías Ponce Feijoó y Jesús Manuel Ojeda Angles, se identificaron audios que corresponden a conversaciones interceptadas al personal de GRUFIDES, Mirtha Vásquez directora de GRUFIDES, la administradora de la ONG, Oreto Ortega Miquel, y al padre Marco Arana, entre otros. En tres de los archivos signados como Cax2007 19-31-04, Cax2007 11-23-49 y Cax2007 12-24-05, se reconocieron conversaciones entre el personal de GRUFIDES y la Coordinadora Nacional de DDHH, el despacho del congresista Werner Cabrera y la Mesa de Lucha contra la Pobreza, durante los años 2006 y 2007.
Denuncias de violaciones de derechos humanos y malas prácticas empresariales perpetradas por la empresa Miski Mayo S.A.C. subsidiaría de la empresa Vale, en Cajamarca, fueron presentados ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, junto con otros casos de Chile, Brasil, Canadá, Mozambique, Nueva Caledonia.
Es notable que en mayo, el pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobara una resolución en la que pide una prohibición total del uso de cianuro en la minería europea antes del fin de 2011, con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. Esto convertiría en ilegales las actividades de minas como Yanacocha si estuviese en el territorio Europeo.
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